La última Conferencia de las Partes demostró que América Latina necesita políticas de adaptación, y, por lo mismo, generar un fondo para esto y para los daños irreparables que el cambio climático ha provocado. Pero, ¿cuál es la situación de Argentina?
Hoy en día, mitigar es evidentemente insuficiente ante los enormes desafíos que el cambio climático (CC) representa en el mundo, y en este caso, en la Argentina. Aun aportando una porción pequeña de los gases de efecto invernadero a nivel mundial (0,9%), los efectos del calentamiento global ya se ven reflejados en el país. Es por eso que la adaptación es parte central de las acciones que el país debe llevar a cabo.
En el mundo, la mitigación ha sido prioridad en la agenda climática, especialmente para los países del norte global. Sin embargo, regiones como América Latina, más que una fuerte contribución a las emisiones de carbono, es una zona muy vulnerable a los cambios ecosistémicos. Entre ellos, la Argentina no se queda atrás. El país ya sufre diversos efectos por el calentamiento global.
Según el último informe del IPCC, las consecuencias son múltiples y depende la región, pero se pueden conjugar en sequías, desaparición de glaciares, incendios y baja en la producción hidroeléctrica, por un lado, e inundaciones, tormentas y monzones por el otro. También se contemplan alzas en las temperaturas y el aumento en la frecuencia de olas de calor. Todo esto, según el Plan Nacional, afectará de manera transversal a la población argentina.
Ante tantas amenazas climáticas el gobierno Nacional ha desarrollado una estrategia para la adaptación al cambio climático vertido en el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. En las cinco zonas que plantea el documento (Centro, Cuyo, NEA, NOA y Patagonia) se identificaron 90 vulnerabilidades priorizadas y 50 riesgos que no solo se pretende atender desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sino con todos los Ministerios.
Se listan varios sectores afectados por el cambio climático, aunque, en todas las regiones, los más afectados son la movilidad, la energía, la salud y la producción. En el Noreste Argentino (NEA), estos sectores se ven afectados por la bajante del río Paraná que impacta en la producción agrícola, en el número de incendios y en la producción hidroeléctrica. Algo similar sucede en el Noroeste Argentino (NOA), en el que el derretimiento de glaciares ha provocado menor afluencia de agua y las altas temperaturas propician incendios y cortes en la energía.
En la Patagonia, por otro lado, las tormentas y lluvias extremas afectan especialmente a las viviendas y a la salud. En la zona Centro ha habido varias afectaciones a la salud por inundaciones y por la proliferación del dengue, especialmente en zonas rurales y barrios populares. Finalmente, en la zona del Cuyo también han sufrido tormentas e inundaciones que afectan a la salud, a la energía y a la pérdida de vivienda.
Por otro lado, el documento habla del desplazamiento y migración por fenómenos extremos. Un punto que el ministerio destaca como prioritario y con un sustancial incremento en los últimos años.
En este contexto, el gobierno nacional plantea soluciones integrales. No solo para atender el problema puntual desde un sentido práctico, sino que el abordaje busca cubrir diferentes aristas. Desde cambios culturales, incentivar el involucramiento social y la reducción de la vulnerabilidad (lo que significa mejorar la calidad de vida). En documento, el Plan Nacional está bien trazado, aunque carece de especificidad. Así lo denunció, hace unas semanas la organización FARN.
Lo cierto es que no existen medidas específicas en el documento que muestren los pasos a seguir por parte de los Ministerios. Florencia Mitchell, directora de Cambio Climático y una de las principales encargadas de la operatividad de este plan, habló el viernes pasado en una mesa redonda de la Facultad de Derecho acerca de las dificultades de implementar esta estrategia. En este encuentro la directora destacó la limitante que representa la coordinación entre Ministerios. “Todos tienen intereses diferentes y hemos estado trabajando en construir una agenda en común, sin embargo, hay ciertos sectores reticentes a integrar una agenda climática”, explicó Mitchell. A esto se agrega la dificultad de coordinación entre provincias, que aún dentro del propio sector ambiental tienen agendas diferentes, y no siempre son receptivos a las iniciativas de Nación.
Por otro lado, la directora de Cambio Climático habló del problema de los fondos, especialmente después de que en el Presupuesto 2023 se recortara sustancialmente (11,5%) el financiamiento de este sector. “Principalmente, nos sostenemos con financiamiento externo”, declaró Mitchell. “A la hora de hacer el presupuesto, vieron qué sectores recibían más fondos externos y comenzaron a recortar”, agregó. Esto pone en un predicamento el margen de acción pública. Según Mitchell, estos fondos permiten arrancar iniciativas, sin embargo, no pueden dar un seguimiento sostenible en el tiempo porque “puede ser que ese fondo no se renueve el siguiente año”.
Durante la última Conferencia de las Partes, el gobierno argentino, en conjunto con varias regiones del sur global exigieron un financiamiento específico para la adaptación. En conjunto con la promesa de los $100.000 USD prometidos por los países desarrollados, esta exigencia no se consolidó. Los fondos que hoy en día corren se componen de algunos países como Alemania, o de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo.
Mientras tanto, varias organizaciones han sido críticas ante la inacción del gobierno en su conjunto. Exigen una agenda ambiental más presente. Sin embargo, las condiciones económicas marcan una prioridad. Aun así, los expertos en CC advierten que los costos futuros para la adaptación serán mayores, de no actuar ahora.
