La normativa suspende permisos de exploración ya otorgados y podría desembocar en acciones judiciales por parte de las empresas afectadas.
El Gobierno de La Rioja sorprendió a toda la industria minera al sancionar una nueva ley de litio que suspende los permisos de exploración otorgados y establece una participación obligatoria de la firma estatal EMSE.
El argumento oficial subraya que el recurso es un mineral “estratégico y de interés público”, debido a “sus contribuciones a la transición energética y aportes al desarrollo socioeconómico de la provincia”, pero lo cierto es que se trata de un intento para acaparar mayores recursos al fisco, algo curioso en un distrito que recién estaba dando sus primeros pasos y todavía no tiene ningún proyecto en desarrollo.
“No me parece que sea la mejor forma de atraer proyectos. Esto hace mucho daño y cuesta recuperar la confianza. Una empresa que ha recibido esos permisos para poder realizar esa actividad lo ha planificado durante meses y ha gastado muchísimo dinero. Esto va a generar litigios porque es un derecho adquirido, te corta todo un plan de negocios lanzado”, sostiene en diálogo con EOL, Saúl Feilbogen, socio del estudio jurídico Vitale, Manoff y Feilbogen, Chairman del Argentina & LATAM Summit 2022 y asesor de empresas mineras.
En un sentido similar se expresó la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), donde pidieron “que se actúe con coherencia y se respete el marco jurídico actual, que es el que permite la inversión minera en la Argentina”. “Suspender las concesiones y permisos daña las posibilidades de desarrollo socio económico a futuro, impactando no sólo a las empresas que ya confiaron en la provincia, sino, además, generando señales negativas que atentan contra potenciales inversores, frenando la posibilidad de producción y generación de divisas y, con ello, impidiendo la creación de nuevos puestos de trabajo. Nada de esto se logra ni se favorece con medidas como la mencionada, y menos aún, en territorios donde la minería del litio es incipiente”, agregaron.
Hoy en día, si bien los expertos afirman que La Rioja tiene un interesante potencial en la materia, la provincia se encuentra muy lejos de sus vecinas Catamarca, Salta y Jujuy, donde ya hay varios proyectos en marcha. En el distrito comandado por Ricardo Quintela, apenas hay un puñado de iniciativas en etapa de exploración, destacándose el caso de la minera canadiense Origen Resources, que tenía un permiso en un área de 21.000 hectáreas lindante con San Juan.
Por ese motivo es que resulta tan llamativo el timming de la administración provincial que, lejos de estar parada en una posición de fortaleza, necesita atraer a inversores en un contexto de fuerte competencia con el trío mencionado que se encuentra dentro del triángulo del litio, el lugar con mayores recursos a nivel mundial.
“Es normal que las provincias quieran captar más ingresos, pero si vas en contra del esquema que se utiliza en todo el mundo los resultados no van a ser buenos. El ejemplo es Bolivia, que intentó desarrollar el litio a través del Estado y no lo consiguió. Argentina, en cambio, siguió un modelo tradicional de libre mercado y hoy tenemos una cantidad de proyectos grandísima”, explica Feilbogen.
Ese fue el camino elegido por Salta, Jujuy y Catamarca, donde igualmente promueven mecanismos de asociación con empresas del Estado provincial. “El esquema es que cualquier privado puede solicitar un área, pero hay ciertas áreas de utilidad pública que pasan a estas empresas del Estado. Esto no significa que estas empresas hayan tomado todas las áreas mineras, sino algunas que se las han cedido y hacen licitaciones, no las desarrollan ellos mismos. Buscan un socio privado y se quedan como accionistas de ese emprendimiento con un 8% o 9%. Es un esquema inteligente, que funcionó, y que no generó ruido al modelo de libre mercado que se utiliza en la minería”, afirma este experto.
Mientras tanto, la industria continúa expectante a conocer la reglamentación de la norma, que será la que termine definiendo finalmente el nuevo mecanismo. Desde la provincia del NOA, dicen que la nueva etapa tendrá una participación mucho más importante de YPF, algo que genera dudas en el sector por los limitantes crediticios de la petrolera.
“Me parece bárbaro que YPF participe y que compita con las demás, pero en algún momento va a tener un techo por su propia capacidad patrimonial. YPF tiene limitaciones para conseguir financiamiento, no es la misma capacidad que tienen las empresas chinas, canadienses o europeas. Un proyecto estándar de 20.000 toneladas de carbonato de litio al año necesita unos 2.000 millones de dólares. Eso no lo conseguís fácilmente en la Argentina”, advierte Feilbogen.
