Inicio Ambiente Debate: ventajas y desventajas de la gasificación en la transición energética

Debate: ventajas y desventajas de la gasificación en la transición energética

El consenso por su impacto positivo a corto plazo es cada vez más amplio en el mundo, pero muchos ambientalistas advierten por las consecuencias a largo plazo de esta estrategia.
Gas y petróleo

Desde al menos una década atrás, el desarrollo de la industria del gas ha sido uno de los pilares en la búsqueda de solvencia económica y abastecimiento energético en la Argentina. Discursivamente esta gasificación se ha planteado como puente de una transición energética para reducir los gases de efecto invernadero y promover la mitigación del calentamiento global, camino que generó consenso en prácticamente todo el mundo luego de la pandemia.

Al percibir la fragilidad en los sistemas que genera la intermitencia de las renovables, mundo abrazo al gas natural como “combustible de transición”, al producir muchas menos emisiones que el carbón o el petróleo y tener una gran seguridad para ofrecer energía en carácter firme. De hecho, el reemplazo de centrales térmicas de carbón por gas fue el pilar que permitió que Estados Unidos haya sido uno de los países que más redujo sus emisiones en la última década.

Su aplicación, de este modo, tendría un impacto ambiental beneficioso a corto y quizás mediano plazo hasta que mejore la tecnología de almacenamiento de renovables. Hoy por hoy, el gas tiene un gran terreno para crecer tanto en la generación eléctrica -donde gran parte del mundo sigue utilizando carbón-, como en el transporte (como cambiones, trenes y hasta vehículos particulares).

Sin embargo, algunas organizaciones ambientales y científicos hablan de las desventajas que esta estrategia presenta a largo plazo. Los argumentos de aquellos que se oponen a esta postura resaltan los impactos ambientales y sociales que este planteamiento ha generado, y la visión “cortoplacista” del proyecto. Para las científicas Claudia Velarde y Lauren Withey, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y Earthjustice “apostar por el gas como energía de transición es una falsa solución ya que contribuye de manera considerable al cambio climático y los costos de su producción son mayores a los beneficios que genera”.

Transición o continuidad

“Argentina no transiciona, sino que continúa con una gasificación que lleva décadas”, sostienen muchos ambientalistas. Desde el 2004, el gas natural representa la principal fuente energética que más se consume en el país, sin embargo, desde los 90 ha sido una de las más relevantes. Para 2019, poco más de la mitad de la energía consumida provenía del gas, sin contar que el 60% de la electricidad también venía de la quema de este combustible.

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Desde hace casi diez años, el desarrollo de esta industria ha sido financiado, en parte, por el propio Gobierno nacional. Primero con el Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural -con el gobierno de Cristina Kirchner-, luego con el Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural de Reservorios no Convencionales -con el gobierno de Mauricio Macri- y más recientemente -en 2020- con el Plan Gas. Los tres han destinado subsidios de millones de dólares para revitalizar una producción declinante, reducir importaciones y quizás, en un futuro, poder exportar excedentes. “Esta idea exportadora no resuelve el problema de la restricción externa y tampoco los problemas de la necesidad que tiene la Argentina de colocarse en un nuevo paradigma productivo que sea basado en energías renovables”, opinó en diálogo con EOL, Ariel Slipak, director del área de investigación de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Más que buscar una reducción de emisiones, parece que el Gobierno nacional se está distanciando de los objetivos acordados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP).

Es un hecho que la quema del gas genera menos emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera que otros combustibles fósiles (entre un 25-30% menos que el petróleo y un 35-50% menos que el carbón). Sin embargo, durante su extracción puede haber otros problemas. “Las aparentes ventajas de menos emisiones en el consumo final del gas sobre el carbón son contrarrestadas por los impactos del gas desde su proceso de extracción. A esto se le suman los impactos de la técnica de fractura hidráulica al ambiente, los bienes comunes y los derechos humanos”, argumentaron en su investigación, Velarde y Withey.

Por otro lado, cuestionan que los subsidios al gas podrían destinarse a la inversión en energías renovables. Argentina se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 19% hacia 2030. Desde 2006 que plantearon iniciativas para implementar las energías renovables en el país. Con las leyes 26.190 y 27.191, los gobiernos en turno prometieron que para 2021 el 16% de la electricidad provendría de energías renovables. Según una investigación realizada por Chequeado el año pasado, este objetivo no se alcanzó por cinco puntos porcentuales. En noviembre del año pasado, una comisión del Gobierno nacional presentó los “Lineamientos para un Plan de Transición Energética a 2030” en la COP 26 en Glasgow. En este plan resaltan dos metas posibles en materia de energías renovables que prevén un 20 a 30% de generación eléctrica provenientes de fuentes renovables para el 2030. A ocho años de la meta, las miradas se tornan escépticas ante el desarrollo de una matriz renovable frente a las actuales proyecciones gubernamentales con el gas. “No basta solo con tener una meta a 2030 o 2050, es fundamental elaborar una hoja de ruta para lograrlo”, opinaron en el último Informe Ambiental de FARN Pía Marchegiani y Andrés Napoli.

Los impactos del gas

Slipak destaca tres grandes causas de impactos sociales y ambientales que los diferentes sectores de la industria gasífera argentina han generado: fugas de gas natural, fracking e infraestructura varada. El director de la División de Energía Sostenible en la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas, Scott Foster, dio a conocer que para el 2015 se perdía alrededor de un 8% de la producción anual de gas natural en todo el mundo debido a escapes, fuga e incendios. Un reporte del 2020 encabezado por el investigador del Environmental Research Fund, Benjamin Hmiel confirmó que hay un 60% más metano derivado de combustibles fósiles en la atmósfera de lo que se había anticipado. En el caso argentino, los incidentes de fuga no están condensados, sin embargo, en una investigación de Bloomberg de la semana pasada, se reportó una fuga de gas de alrededor de un millón de metros cúbicos de gas al norte de la Provincia de Buenos Aires. En emisiones esto equivale a lo que contaminan 12.000 autos en un año. El metano es un gas aún más problemático ya que calienta 23 veces más la atmósfera que el dióxido de carbono. Según la Agencia Internacional de Energía, después de la agricultura, la generación de energía es la fuente más grande de emisiones de metano en el mundo.

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En segunda instancia, Vaca Muerta comprende uno de los proyectos estrella de los gobiernos Nacionales desde el 2014. Este se enfoca en implementar el fracking como método de explotación shale, además de gas natural y petróleo. Desde sus inicios, esta actividad ha sido muy polémica por los impactos que representa en las zonas cercanas y a la atmósfera.

En el país, las principales denuncias hacia el proyecto incluyen derrames, mal manejo de residuos y actividad sísmica en poblados cercanos a la fractura. Una de las más recientes surgió a partir de una solicitud de acceso a la información llevada por el legislador neuquino, Andrés Blanco, en el que se expuso la falta de plantas de tratamiento de los residuos generados por el fracking. “Se necesitan alrededor de 24 plantas tratadoras que puedan procesar lo generado en esta zona de Vaca Muerta, hoy en día hay seis”, explicó a EOL, Maximiliano Breide, fiscal ambiental encargado del caso.

Según la investigación de Velarde y Withey el fracking emite más metano que la perforación convencional en varias de las etapas de fractura y de retorno del agua utilizada. Además, “se ha demostrado que las aguas residuales del proceso pueden migrar a las napas a través de las tuberías defectuosas”, explicaron en su reporte las investigadoras. Y agregaron que “las roturas parecen ocurrir con más frecuencia cada año, ya que, en un esfuerzo por incrementar la productividad de los pozos, se inyectan a mayores cantidades de agua y a presiones cada vez más altas”.

Según reportes, para inicios de julio Argentina se abasteció en un 89% de su demanda con gas shale en el país. Hasta este mes había sido una necesidad masiva importar ese gas, representó el doble de volumen requerido para el mismo periodo en 2021. Hoy en día la mayor limitante es el transporte del combustible. La siguiente pregunta sería ¿cuánto tiempo puede durar esta producción y qué se hará con toda esa infraestructura cuando termine?

En un reporte de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) del 2020, se habló de la problemática que representa el desarrollo veloz de infraestructura para la explotación de hidrocarburos y se les nombra como “activos varados”. En otras palabras, maquinaria que en poco tiempo no aportará a la producción consecuencia de la “descarbonización del mercado” que cada vez toma más importancia. “Se proyecta que, entre el 10% y el 16% de las centrales eléctricas basadas en combustibles fósiles deberán dejar de usarse y, entre el 66% y el 81% de las reservas de petróleo deberían ser abandonadas”, dijo OLADE en el reporte.

Una dirección alterna

Para Slipak, la solución no es detener la producción, pero tampoco es ampliar la infraestructura. “Que se monte una serie de subsidios a la infraestructura que pretende resolverle el problema a grandes proveedores que tienen dificultades para vender su maquinaria es una lógica inentendible”, opinó. “En realidad, un mejor plan en términos de generación de empleos y de ahorro de divisas sería trabajar en un programa de mejoras a la eficiencia energética”, agregó.

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Por un lado, “eficiencia” comprende una mejor regulación de la explotación de hidrocarburos, con información pública y accesible tanto de los logros como de los percances dentro de la producción. EOL trató de comunicarse tanto con la Secretaría de Energía como con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para averiguar los procesos de regulación e inspección que se llevan a cabo, sin embargó no hubo respuesta. Lo que se sabe es que se hacen estudios de impacto ambiental previos al inicio de la explotación, y de haber denuncias, también se auditan investigaciones. Sin embargo, organismos tanto nacionales como internacionales han registrado incidentes que el gobierno no ha reportado.

Por otro lado, varios investigadores ambientales apuntan a que la búsqueda de eficiencia tiene que ver con sustituir gradualmente el consumo de hidrocarburos. “No hay plan, no hay hoja de ruta para transicionar del gas a energías renovables, pero no es exclusivo de este gobierno”, opinó Sipak. “Hay un problema de atención que se enfoca en el corto plazo y creo que también tiene que ver con eso, con que la Argentina es un país del sur global, endeudado”, agregó. Roberto Lavagna, ex ministro de Economía de la nación, reflexionó al respecto hace unas semanas en la publicación del Informe Ambiental de FARN: “Nuestro objetivo global tiene que ser coincidente con el de los demás países y hay que hacerlo coordinadamente, pero la política es el arte de lo posible, no de lo que queremos hacer. Por eso no hay que tentarnos con soluciones maximalistas. Nosotros tenemos problemas que resolver. El problema de hoy es que falta gasoil y si no hay gasoil no anda la economía, no cobramos nuestros sueldos, no se transportan las mercaderías ni las personas, no anda el tren. Entonces dejar de producir no es la solución, pero si es sustituir el motor de combustión interna que es el que todos tenemos y todos usamos. Lo que se necesita es sustituir todas esas máquinas. Nosotros tenemos que ajustar la producción de petróleo y gas a nuestra propia demanda nacional”.