En el Boletín Oficial de este sábado, la secretaría de Energía habilitó los cuadros tarifarios de gas y electricidad que implican nuevos aumentos de entre el 18% y 25%.
La secretaría de Energía habilitó este sábado los nuevos cuadros tarifarios e indicó su aplicación a los entes reguladores durante los próximos cinco días hábiles para que estén vigentes durante el mes de junio, tal como pretendía Martín Guzmán a pedido del FMI.
Mediante dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, se actualizó el precio del gas al Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), y el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST).
El aumento para los que no gozan de tarifa social será del 41,7% en total, pero como ya se había aplicado una suba en marzo, el porcentaje que resta es, en promedio y dependiendo de la distribuidora, del 25% en gas y del 21% en luz.
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Lo curioso es que, después de tantos idas y vueltas en los que se llegó hasta dedicarle una audiencia pública exclusiva a la idea de segmentación y se definieron los parámetros para estar incluido en la misma, el Gobierno decidió no implementarla.
Como explicó este medio, el temor oficial pasa por una probable judicialización de la medida, aunque también advierten que podrían surgir medidas cautelares del ajuste anunciado al no celebrarse una audiencia del Valor Agregado de Distribución (VAD).
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Es que, si bien se modificó solamente el costo de producción del gas y de la electricidad y no se le otorgó ningún beneficio a transportadoras y distribuidoras, el mecanismo passthrough traslada automáticamente esta suba y termina modificando los precios del VAD.
Es por eso que desde el oficialismo no descartan convocar a una nueva audiencia en los próximos días, pero ya con los cuadros tarifarios vigentes y aplicados. En tanto, se tomarían algunas semanas más para analizar la posible segmentación a fin de quitarle la totalidad de los subsidios al 10% de los usuarios con mayores ingresos.
Durante la audiencia, las distribuidoras advirtieron que la segmentación será muy difícil de implementar y demorará “por lo menos 2 meses” desde el momento que se determinen los criterios finales por la modificación de sistemas de facturación.
