Le decisión del presidente refleja la falta de consenso interno respecto al proyecto. Se cae la principal propuesta política del oficialismo para Vaca Muerta.
La omisión del proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas de las sesiones extraordinarias convocadas por Alberto Fernández le da un tiro de muerte a la principal iniciativa petrolera de la Casa Rosada.
La decisión refleja la falta de consenso al interior del oficialismo, pese a que había sido la propuesta electoral más importante en materia económica durante la campaña del 2019, en la que Guillermo Nielsen se cansó de subrayar su importancia para concretar el despegue de Vaca Muerta y, de este modo, solucionar los problemas de restricción externa del país vía exportación de hidrocarburos.
La normativa no era bien vista por parte del kirchnerismo y, principalmente, por los gobernadores patagónicos que cuestionaban la pérdida de potestades en el manejo de concesiones y dirección de inversiones.
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Si bien no se puede descartar que el albertismo, principal sector que impulsaba la ley, vuelva a insistir con su aprobación a mediados de año, parecería muy difícil por las tensiones que implica y más aún con tan poco tiempo para terminar el mandato. Es que, la idea original, era poder aprobar la ley durante el último trimestre para que las petroleras modifiquen al alza su plan de inversiones del 2022, cosa que ya no sucederá, aunque el Congreso la vote en estos meses.
Entre los 18 temas que se intentarán tratar en estas extraordinarias tampoco figura el plan plurianual para llegar a un acuerdo con el FMI, lo que no da buenas señales respecto a las negociaciones y representa otro escollo para el sector energético, que necesita que el país se reinserte en los mercados financieros internacionales.
Por el contrario, el Congreso sí tratará el proyecto de electromovilidad que es muy resistido por las petroleras por fijar la prohibición de venta de vehículos de combustión interna para el 2041.
Se trata de un régimen de promoción a 20 años, al igual que la ley de hidrocarburos, donde se aspira a generar 21.000 puestos de trabajo e inversiones por 8.300 millones de dólares para el 2030: 5.000 millones en terminales automotrices, 1.500 millones en sectores autopartistas y por 1.800 millones de dólares en el rubro de fabricantes de baterías.
A través de una serie de beneficios impositivos y financiamiento a largo plazo, el objetivo será poder exportar unos 5.000 millones de dólares al año y subirse a una carrera tecnológica que recién está comenzando de la mano de la transición energética global.
Entre los beneficios del proyecto para la demanda se destaca la entrega de un bono verde para quienes compren autos eléctricos, que podrán descontar de manera directa del precio del vehículo, de artículos auxiliares como los cargadores, y se removerá de la base imponible de bienes personales a dichos vehículos.
