Reconocen que hay serios problemas de implementación porque entran en juego la protección de datos personales y el secreto fiscal. ¿Qué pasará con las tarifas de luz y gas en 2022?
La fuerte apuesta a la segmentación tarifaria que hizo el gobierno nacional empieza a entrar en jaque. Fuentes oficiales confirmaron a EOL que la idea acarrea serios problemas de implementación al requerir el entrecruzamiento de información proveniente de distintos estamentos del Estado que se hace muy difícil.
La medida, que viene siendo prometida desde la campaña presidencial del 2019 como una forma de evitar los problemas macroeconómicos que ocasionó el congelamiento del último mandato de Cristina Kirchner, tenía como objetivo aplicar una política tarifaria progresiva donde se cobre de acuerdo al poder adquisitivo de cada usuario.
De esta manera, los subsidios iban a poder destinarse exclusivamente a quienes más los necesiten. Una situación inversa a la actual donde, según diversos estudios, los hogares más beneficiados fueron los de mayores ingresos.
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Su aplicación es de vital importancia para reducir los subsidios energéticos que, en este año, van a rozar los 10.000 millones de dólares. Es decir que, mientras el Gobierno sostiene que un plazo de 10 años es muy corto para poder pagarle al FMI los 44.000 millones adeudados, en poco más de 4 años acumularía un gasto similar de no mediar cambios.
De hecho, el atraso de su ejecución fue mencionado en su momento como una de las razones principales del pedido de renuncia de Martín Guzmán a Federico Basualdo. Más allá de la veracidad de la afirmación que salió de las entrañas del Palacio de Hacienda, lo concreto es que, sin una solución a este problema fiscal, no habrá acuerdo posible con Kristalina Georgieva.
El escollo más preocupante que ven desde el gobierno para llevar a cabo esta política pública, es la protección de datos personales y el secreto fiscal. Por otro lado, sostienen que se hace muy difícil elegir un criterio para definir al titular del servicio debido a la cantidad de inquilinos que no blanquean sus contratos de alquiler.
“Hay una heterogeneidad de cuestiones que hacen muy complicada su ejecución. Es un objetivo y se lo va a hacer en la medida que sea factible no cometer arbitrariedades”, indicaron a este medio.
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Lo más llamativo es que ahora los funcionarios empiezan a manifestar que el ahorro fiscal de esta medida “no sería muy significativo”, lo que sugiere que de todos modos sería necesario un aumento de tarifas generalizado para reducir el abultado déficit primario.
Otro de los interrogantes es si dicho ajuste, que en mayor o menor proporción está garantizado para el 2022, no podría adelantarse para la recta final de este año -una vez pasadas las elecciones-, para no seguir espiralizando el rojo fiscal y dar una señal contundente de cara a la segunda parte de un mandato que deberá mostrar resultados económicos mucho más robustos.
