El gobierno de Israel, a través de su canciller Gideon Sa’ar, se pronunció para despegarse de las operaciones de la empresa israelí Navitas Petroleum en el yacimiento marítimo de las Islas Malvinas, que había generado rechazo por parte de Argentina. Sa’ar subrayó que se trata de una “empresa privada” y enfatizó que la soberanía sobre la zona está en disputa entre Argentina y el Reino Unido.
En contraste con posturas previas, el ejecutivo de Benjamín Netanyahu reconoció el conflicto territorial y mantuvo una posición diferenciada respecto a la iniciativa. Sa’ar destacó además que Israel mantiene relaciones especiales con Argentina, bajo la administración del presidente Javier Milei, y manifestó su pesar por la complicada situación que esto ha generado en el país sudamericano.
El gobierno israelí expresó su esperanza de que la controversia entre Argentina y Reino Unido se resuelva mediante el diálogo y por medios pacíficos.
Por su parte, la Cancillería argentina rechazó la autorización otorgada por el gobierno isleño a una empresa británica para explotar petróleo en el yacimiento Sea Lion, calificando el proyecto y a las compañías involucradas como ilegítimos e ilegales. Además, advirtió que tomará medidas administrativas, legales y judiciales conforme al derecho internacional contra quienes participen o faciliten dichas actividades.
El proyecto está a cargo de Rockhopper Exploration Plc, del Reino Unido, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, de Israel. La primera fase del Programa de Desarrollo del Área Norte del yacimiento implica una inversión de US$2100 millones. Este plan nació tras el anuncio del descubrimiento de un “yacimiento de clase mundial” hace casi diez años, y prevé iniciar la extracción a partir de 2028.
El yacimiento se ubica en la Cuenca Malvinas Norte, frente a las costas de las islas. Desde la cartera argentina dirigida por Pablo Quirno indicaron que las empresas no cuentan con los permisos otorgados por la autoridad competente del país para desarrollar estas operaciones. También advirtieron sobre la gravedad del proyecto, que permitiría explotar recursos no renovables con “efectos futuros potencialmente irreversibles”.
Argentina recordó que cualquier exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en áreas en disputa de soberanía contraviene la Resolución 2065 (XX) y otras normas de la Asamblea General de Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización, que reconocen la disputa territorial entre Reino Unido y Argentina.
La referencia a normativas isleñas apunta a la Ordenanza de Minerales Offshore de 1994, que faculta al gobernador designado por Reino Unido a otorgar licencias para producción en aguas bajo control de las islas.
Rockhopper informó que su directorio aprobó la inversión para la Fase 1, decisión tomada por Navitas Petroleum, su socia y operadora, y que cuenta con todas las autorizaciones necesarias. El gobierno isleño, a su vez, autorizó el programa de desarrollo para las fases 1 y 2, y las licencias avanzaron a la etapa de explotación, con una duración prevista de 35 años o más.
Desde el gobierno argentino calificaron estas acciones como “unilaterales e ilegítimas” y contrarias a la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que pide abstenerse de modificar la situación mientras las Islas se encuentran bajo proceso de negociación según las resoluciones de Naciones Unidas. También señalaron que estas medidas violan el ordenamiento jurídico nacional.
El Ministerio argentino recordó que tanto Rockhopper como Navitas han sido sancionadas previamente: Rockhopper fue declarada clandestina y sus actividades ilegales en 2012, y un año después fue inhabilitada para operar en Argentina por 20 años. Navitas recibió sanciones similares en 2022 por operar sin autorización en territorio argentino.
Finalmente, el gobierno argentino reafirmó que no reconoce “competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”.
