Así lo informó la secretaría de Energía en la audiencia pública de este lunes. La suba surge del incremento del precio internacional de GNL y faltaría agregarle los componentes de transporte y distribución.
Luego de la dura advertencia del FMI respecto a los subsidios energéticos, la secretaría de Energía comenzó la audiencia pública de este lunes con un dato contundente: las tarifas de gas deberían subir entre un 34% y un 49%, dependiendo de la distribuidora, para que el Estado no tenga que aumentar partidas para cubrir la fuerte alza del precio internacional del fluido.
Según el informe presentado por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla Oporto, las circunstancias de abastecimiento en que se encuentra Europa provocarán un alza del precio del GNL del 227% al pasar de 7,25 dólares el millón de BTU a 23,72 dólares. En tanto, el gas importado de Bolivia está proyectado que se encarezca un 45%, siempre que no surja un nuevo diferendo en las negociaciones de la adenda que vence este lunes.
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Frente a ese panorama, se necesitarían unos 81.000 millones de pesos adicionales que deberán ser afrontados por las arcas públicas en caso de mantener el equilibrio tarifario actual, donde el Estado se hace cargo del 70,9% del costo del gas.
Por el contrario, si esta suba del 91% en el precio del gas proyectado para 2022 es costeada por los usuarios, la tarifa promedio de verano para un usuario R31 podría subir de $704 a $945 y la de invierno de $2504 a $3721.
Se trata de un escenario en el que el Estado no reduce subsidios energéticos en términos nominales como exige el FMI, sino que apenas evita mayores erogaciones y con una pauta tarifaria que duplica la estimada por el oficialismo, que la fijó en un 20%.
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A su vez, el cálculo de la secretaría de Energía solamente contempla los costos del precio de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), a lo que se le debe agregar los incrementos tarifarios de los segmentos de transporte y distribución, cuyas empresas en la última audiencia pidieron subas mayores al 100%, cuyo impacto tarifario sería del 40%.
En consecuencia, estos dos elementos combinados darían como resultado una actualización tarifaria de hasta el 108%, dependiendo de la distribuidora. El gobierno enfrenta, de este modo, una seria disyuntiva. Por un lado, está claro que una suba semejante está lejos de sus planes para no continuar perdiendo márgenes de aprobación dentro de la población. Por el otro, el tuit del domingo de la número dos del FMI, Gita Gopinath, reiterando que Argentina deberá reducir sus gastos en subsidios energéticos, demuestra que será un objetivo central para el organismo internacional que difícilmente se pueda esquivar.
