El ministro convocará a la UBA para revisar el régimen de inversiones y la calidad del servicio. Se instalarán nuevos veedores y se le devolverá el dinero perdido a los afectados por los cortes de estos días.
El Gobierno decidió abandonar la fase discursiva de amenazas a Edesur y empezar a tomar acciones contra la distribuidora eléctrica que dejó sin luz a miles de usuarios durante los últimos días en la reciente ola de calor.
Tras el pedido del interventor del ENRE por una nacionalización de la empresa y la advertencia de la secretaria de Energía de un posible fin de la concesión, finalmente Massa anunció la puesta en marcha de “una veeduría con auditoría, convocando a la Universidad de Buenos Aires para revisar el valor de activo regulatorio, cumplimiento del régimen de inversiones, tiempos de respuesta a los usuarios y la calidad en el servicio”.
A su vez, el Gobierno aplicará una multa de $1.000 millones de pesos y obligará a la firma a “devolver a los usuarios que hayan sido víctimas de cortes superiores al promedio establecido en el contrato de la totalidad de la factura del último mes y habilitar un ámbito de reclamo por daños a electrodomésticos domiciliarios”.
En lo concreto, el accionar del Ejecutivo no dista en demasía de sus últimas medidas contra la distribuidora, puesto que la cantidad de multas son igualmente innumerables e insignificantes (y cuesta mucho su cobro) y que en estos momentos el Estado ya tenía una veedora dentro de Edesur.
La realidad es que el Gobierno tiene medida una muy mala imagen de la ciudadanía respecto al servicio que presta Edesur y busca elevar la presión contra la empresa para al menos evitar acontecimientos similares a los del fin de semana, donde grupos de vecinos llegaron a cortar la Autopista Dellepiane y la General Paz debido a que se encontraban sin luz hacía más de 24 horas.
El problema del Frente de Todos es que el fin de la concesión podría derivar en una demanda multimillonaria del Grupo Enel en los tribunales internacionales del CIADI, donde Argentina tiene todas las de perder. Al mismo tiempo, en este contexto de restricción fiscal, el Estado no tiene el dinero ni para comprar las acciones de la empresa ni para iniciar el enorme plan de inversión que requiere la misma.
Es por eso que las medidas no pasan de una mayor fiscalización, multas y amenazas, a la espera de poder sobrellevar lo poco que le queda al verano, sabiendo que la cantidad de cortes se reduce drásticamente una vez iniciado el otoño.
En diálogo con EOL, una fuente importante con incidencia en el área energética indicó que “es momento de darle un corte” a esta situación y que “no se puede pasar otro verano de esta manera”. En ese sentido, confían en tener los resultados de la auditoría “en el transcurso de las próximas semanas” para luego “evaluar el camino a seguir”.
“Nosotros hemos mostrado la voluntad de darle tarifa, pero tenemos que tener la garantía de que la empresa cumpla con las inversiones. Las diferencias entre la curva de la cantidad de usuarios sin luz de Edenor y de Edesur, la duración de los cortes y la cantidad de cuadrillas que pone uno y otro son abismales”, agregaron a pesar de reconocer que “los cortes son menores que en otros años”, tal como afirma Edesur.
Respecto a la polémica por la solicitada de la empresa en la que atribuye el origen de los cortes a problemas de generación eléctrica, la fuente consultada desmintió totalmente esta versión, aunque admitió que “puede haber algún problema en el parque térmico que se reemplazó con importación de energía eléctrica”.
