El Gobierno de Tierra del Fuego decidió vetar la ley sancionada el 22 de diciembre de 2025 que proponía incrementar al 28% la coparticipación municipal sobre las regalías derivadas de la actividad hidrocarburífera. Esta medida se formalizó mediante el Decreto N.º 0042/26, firmado el 12 de enero de 2026, y se fundamenta en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal y la falta de estudios técnicos adecuados para respaldar la iniciativa.
En el decreto, el Ejecutivo provincial argumenta que las regalías representan un pilar fundamental del financiamiento para servicios esenciales como salud, educación y seguridad. Además, señala que la ley vetada implicaba una transferencia de recursos a los municipios sin que se contemple una transferencia equivalente de competencias, lo que podría afectar la administración provincial.
Sin embargo, el propio texto del veto reconoce que los beneficios fiscales y operativos concedidos a la empresa Terra Ignis, en el marco del régimen hidrocarburífero vigente, provocarán una disminución en la recaudación de regalías para la Provincia. Según estimaciones oficiales, este impacto económico podría alcanzar los USD 140 millones, afectando también los ingresos municipales.
Este veto se suma a otros dictados por el Ejecutivo durante la última semana, que anularon leyes aprobadas por unanimidad en la Legislatura. En todos los casos, la justificación oficial gira en torno al cuidado de los recursos públicos y la sustentabilidad fiscal, pero esta reiteración ha generado cuestionamientos sobre el uso frecuente del veto como herramienta política.
La situación se agrava ante el hecho de que el Gobierno no promovió ni impulsó el debate del Presupuesto Provincial para 2026, por lo que la administración se encuentra operando con partidas reconducidas. Esta circunstancia amplía la discrecionalidad del Ejecutivo y debilita la planificación económica, en un escenario donde se invocan criterios de prudencia fiscal para frenar leyes aprobadas por el Parlamento.
La acumulación de vetos ha profundizado la tensión entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura, reavivando un conflicto estructural sobre el rol del Parlamento, la previsibilidad institucional y el uso recurrente del veto. El debate pone en evidencia la ausencia de una estrategia integral para ordenar las cuentas públicas y la postergación de una discusión presupuestaria clave para la provincia.
