La denuncia del ente surge de anomalías en el cálculo de la actualización tarifaria que habría perjudicado a los usuarios y beneficiado a las prestadoras del servicio de manera ilegal
A raíz de un supuesto desmanejo en el cálculo de actualización de la base tarifaria de las licenciatarias del servicio público de transporte y distribución de gas por redes, el exministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, fue denunciado por el interventor de ENARGAS. En la denuncia presentada se esgrimen “irregularidades y vicios”, al mismo tiempo que se acusa a otros seis exfuncionarios vinculados en delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta.
“Estas conductas efectuadas con la finalidad de llevar artificialmente el factor de actualización a 33, significó un incremento del 3.300% para este componente tarifario”, sostiene Federico Bernal, interventor de ENARGAS, en la segunda denuncia penal presentada contra el exministro, en la cual también involucra a Andrés Ferraris, ex Director Nacional de Política Tarifaria; Juan Manuel Carassale, ex jefe de Gabinete de Aranguren; y Graciela Bevacqua, ex Directora Técnica del INDEC.
Según asegura el titular de ENARGAS, la arbitrariedad en la metodología a la hora de actualizar las tarifas llevó a que los usuarios y usuarias abonaran cifras injustificadas por el servicio. El ente regulador que el aumento realizado no encuentra asidero y se explica en “mayores montos en concepto de rentabilidad y amortizaciones que les aportaron a las licenciatarias del servicio de gas por redes ingresos en exceso para el quinquenio 2017-2021 por al menos 21.255 millones de pesos constantes de diciembre de 2016 (equivalente a 1.343 millones de dólares)”.
Este tipo de actualización se tradujo en un incremento del 3.300% de este concepto tarifario que percibieron cerca de nueve millones de usuarios y usuarias del servicio público, lo que ya durante su mandato, ubicó a Aranguren en el blanco de las críticas y los cuestionamientos, en el marco de lo que el gobierno saliente llamó una política de gradualismo.
Respecto a la actualización realizada a fines de 2016, Bernal explicó en Radio El Destape: “Cuando hicieron el armado de las tarifas, manipularon el factor de actualización de la base tarifaria, llevándolo a 33 artificial y arbitrariamente. Ese 33 es un múltiplo, es un aumento de la base tarifaria. Cuando digo 33 es un 3300%, es decir 33 veces”.
A su vez, el ENARGAS sostiene que “al incluirse los montos por eventuales reclamos ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), se garantizaba al 100% de los accionistas de las empresas de gas el recupero, vía tarifa -a costa de los usuarios y usuarias-, de algo que ni siquiera había sido presentado ante ese tribunal, por montos hipotéticos, y que, a todo evento, no correspondía en atención a lo que determinaban las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral”.
Esta denuncia se suma a la imputación realizada por el fiscal Guillermo Marijuán, mediante la cual se investiga la convocatoria realizada en 2017 por le Ministerio de Energía a productores y distribuidores de gas para fijar bases y condiciones de la comercialización de Gas en Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PITS ) y establecer por dos años precios uniformes y contratos a un tipo de cambio variable en dólares, lo que derivó también habría tenido como resultado “un perjuicio a las arcas del Estado Nacional y un beneficio indebido para las empresas productoras de gas”.
