
Tras meses de negociaciones, el Gobierno nacional logró un acuerdo con las provincias de Neuquén y Río Negro, lo que permitió destrabar un paso fundamental para la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas en el Comahue.
Según lo pactado, el Ejecutivo nacional se aseguró la administración de los recursos hídricos y el canon que recibirán esas jurisdicciones por la generación de energía eléctrica de las centrales. Como consecuencia, en los próximos días se abrirá el proceso de licitación nacional e internacional para operarlas durante 30 años, en el que se espera una recaudación de 500 millones de dólares.
El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien calculó la suma de US$500 millones, que el Gobierno espera recaudar con el convenio. Según fuentes del sector energético, la licitación para el proceso de concesión de las sociedades hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila se oficializaría este lunes 18 de agosto.
Las centrales están ubicadas sobre el río Limay, en Neuquén y Río Negro, y son las que representan el 10% de la generación de energía del país. Además, se trata de una producción limpia, y el costo es menor que el de las que utilizan combustibles fósiles para operar.
En el acuerdo con las provincias, el Ejecutivo nacional reconoció a Neuquén y Río Negro como propietarias del agua que atraviesa sus territorios e incorporó condiciones reclamadas por las provincias desde hace más de 30 años. Se fijaron también los criterios para la distribución de regalías y un canon específico por el uso del agua, además de los plazos para realizar estudios técnicos y obras de seguridad ante crecidas.
El proceso de privatización de las represas del Comahue incluyó el decreto 718/2024, que fue el que creó las cuatro sociedades hidroeléctricas -Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila- con el objetivo de privatizarlas. Si bien el anterior Gobierno negociaba con las provincias la creación de un ente estatal para administrarlas sin la intervención de privados, el Gobierno nacional extendió la operatoria en manos de los concesionarios vencidos en agosto de 2023.
Durante la gestión de Javier Milei, mientras se negociaba con las provincias, se prorrogaron siete veces los plazos de la operación, incluida la nueva extensión que rige desde el 8 de agosto y que se extenderá hasta el 30 de diciembre de 2025 o hasta que culmine el proceso de licitación.