Las demás refinerías esgrimen que la propuesta atenta contra la libre competencia. ¿Por qué perjudicaría a muchas estaciones de servicio?
Facundo Tignanelli, titular del bloque oficialista de la Cámara de Diputados bonaerense y referente de La Cámpora, busca impulsar un proyecto de ley que la administración pública provincial, organismos descentralizados y autárquicos y las empresas públicas contraten a YPF la provisión de combustibles y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales. Al tratarse de un vínculo comercial de exclusividad, los demás refinadores alertaron del perjuicio que esto significaría para la competencia y anticiparon que, en caso de que prospere el proyecto, presentarán un recurso de amparo.
Dentro de los fundamentos del texto del proyecto, uno de los fragmentos sostiene que “canalizar el poder de compra del Estado hacia un ente de naturaleza púbica implica también economía en los recursos y una apuesta al crecimiento un sector estratégico para el desarrollo económico que necesitamos”. Y a esto agrega que la iniciativa impulsada se da “en un proceso de reconstrucción de la producción, la industria y el consumo, devastados por el neoliberalismo que gobernó Mauricio Macri como presidente y María Eugenia Vidal como gobernadora”.
Resulta ineludible el contexto en que surge el proyecto oficialista: la compañía de bandera se encuentra en un estado de alerta debido las pérdidas registradas a raíz de la caída en la demanda. Entre abril y junio, la pandemia se tradujo en un déficit de $85.000 millones. La necesidad de reactivación es evidente y cuando las cuentas aprietan hay que ponerse creativos.
Al margen del rotundo descontento que expresaron las demás refinerías –Raízen, Axion Energy y Trafigura, también ubicadas en la provincia de Buenos Aires– la principal incógnita que surge es hasta qué punto YPF podrá abastecer la totalidad de esta demanda en un mediano o largo plazo.
El sector viene de largos meses con una demanda pausada a un nivel inédito, por lo que es lógico que esté urgido de comercializar sus combustibles. Sin embargo, este presente no evacúa las dudas que generaría la concepción de una ley de este tipo prolongada en el tiempo.
Si bien el proyecto aún no fue tratado en Diputados, a los cuestionamientos también se sumaron las estaciones de servicio. En una entrevista en Radio Mitre, Vicenti Impieri, presidente de la Federación de Empresarios de Combustibles (FECRA), señaló que, de llevarse adelante, la ley generaría “un grave perjuicio para centenares de estaciones de servicio”.
Impieri explicó que en la provincia hay 1.700 estaciones de servicio, de las cuales 1.230 no pertenecen a YPF. En consecuencia, advierte, se comprometería la situación ya acuciante de las pymes que regentean las estaciones de servicio y que representan entre 15 mil y 20 mil puestos de trabajo.
Además, el representante de FECRA remarcó quizás no exista el conocimiento adecuado por parte de los funcionarios del modo en que podría repercutir esta medida. En junio pasado, Alberto Fernández su sumó a la inauguración de una planta de refinado de Axion Energy –que opera el downstream de Panamerican Energy– en Campana, junto a la familia Bulgheroni. También, apenas días atrás, encabezó un acto en la refinería Raízen. Si la foto se sacara hoy, los semblantes de los empresarios petroleros, con certeza, serían otros.
