El Gobierno postergó a fines de agosto una vez más la actualización completa de los impuestos a los combustibles, limitando los aumentos en naftas y gasoil y generando una pérdida fiscal de casi 1.800 millones de dólares en lo que va del año.
Mediante el decreto 617, a fines de agosto el gobierno volvió a determinar una aplicación solo parcial de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono, tal como vino haciendo a lo largo del año, apuntando a morigerar los efectos sobre los costos del transporte, la producción agropecuaria y los presupuestos de automovilistas y motoristas.
La norma del Ejecutivo aumentó así en $11,2 por litro el peso de los tributos sobre las naftas y en $9,6 sobre el gasoil, de modo de aliviar la presión sobre sus precios en pleno período pre-electoral.
El más reciente informe semanal de la consultora Economía y Energía, que encabeza el economista Nicolás Arceo, ex director de Finanzas de YPF, calculó que la política oficial de postergar la actualización completa de estos tributos significará una pérdida de recaudación estimada en USD 177 millones por las ventas de naftas y gasoil en septiembre y que en el acumulado de los primeros nueves meses del año el Gobierno resignó por esa vía USD 1.786 millones de ingresos fiscales.
El informe aclara que, considerando exenciones como biocombustibles y ventas en la zona sur del país, el impacto promedio en los precios en surtidor fue menor, con aumentos de $8,8 por litro en naftas y $8,4 en gasoil en septiembre.
