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Las claves del Plan Gas 4 que lanzó Alberto Fernández en Vaca Muerta

La iniciativa contempla un precio tope de 3,7 dólares el millón de BTU. Estiman que evitará importaciones por 16,7 millones de m3 día y permitirá un ahorro fiscal de más de USD 1000 millones.

Finalmente llegó uno de los días más esperados por la industria del Oil & Gas en Argentina. Luego de casi un semestre que tuvo a dos ministros y a dos secretarios de Energía dedicados a su elaboración, el presidente Alberto Fernández lanzó el tan esperado Plan Gas 4 que aspira a ponerle un freno a la caída de producción y así evitar una ola de importaciones en el próximo invierno.

Se trata de un esquema de subastas en el que las empresas productoras competirán para colocar unos 70 millones de m3 día a lo largo de un período mínimo de tres años, más un volumen adicional en cada temporada invernal.

La idea es generar previsibilidad tanto por el lado de los volúmenes de producción como del punto de vista del precio. De esta manera, se celebrarán contratos trienales entre las petroleras y las distribuidoras junto a Cammesa (para el gas de usinas termoeléctricas) y se fijará un precio tope de 3,7 dólares el millón de BTU.

El aliciente, que prácticamente duplica el valor del gas de los últimos meses, debería servir para fomentar la inversión de las empresas, que según los cálculos del gobierno llegaría a 5.000 millones de dólares hasta el 2023. Una suma bastante modesta para este tipo de actividad si se tiene en cuenta que el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, dijo hace pocas semanas que ese debe ser el monto mínimo que necesita solamente Vaca Muerta en cada año, cuando este plan abarca a todas las cuencas hidrocarburíferas del país.

Para incentivar a las empresas a ofertar un precio menor, el Estado premiará a los más eficientes con prioridad de asignación de despacho en la exportación firme de gas a Chile, un viejo reclamo sectorial.

Si bien la celebración del propio acto en sí mismo refleja la preponderancia que se le otorga a Vaca Muerta, la cuenca neuquina se quedará con el 67% del volumen a colocar y el resto se repartirá entre las otras provincias productoras.

La otra gran beneficiada es YPF, empresa que había sido excluida del Plan Gas anterior bajo el gobierno de Macri y que esperaba con ansias el anuncio de este esquema al ser por lejos la principal productora de gas. “El plan supone que YPF remonte su vuelo. Le va a permitir hacer una inversión de 1.800 millones de dólares en los próximos tres años. Esto significa trabajar para garantizar el gas que la Argentina necesita”, destacó Alberto Fernández que visitaba el corazón hidrocarburífero argentino por primera vez.

En cuanto a los números concretos, el objetivo del plan es alcanzar un ahorro en divisas de 5.600 millones de dólares en tres años, una sustitución de importaciones de 16,7 millones de m3 por día en promedio y un ahorro fiscal de 1.172 millones.

No obstante, este saldo positivo para las arcas del fisco no sería una situación a la que se llegaría en el corto plazo, ya que además de garantizar el precio estímulo, el Estado va a generar un esquema diferenciado entre el precio del gas en boca de pozo (el que recibe el productor) y la tarifa de gas que paga el consumidor para que no haya un traslado directo al usuario. De hecho, se prevé un gasto de 1.500 millones de dólares para el año próximo.

“Esta es una inversión pública, no es un gasto. Martín (Guzmán) te quiero agradecer, porque es difícil cuando te falta, invertir estos pesos. Muchísimas gracias por esta decisión histórica en el medio de negociaciones con bonistas, con el FMI, con el Club de París. No pasa desapercibido que el gobierno nacional haya decidido apostar firme en el desarrollo de nuestros recursos”, dijo Gutiérrez en ese sentido.

En tanto, el ministro de Economía se mostró confiado en que el plan pueda frenar el “drenaje de divisas”. “Es muy importante para la estabilidad cambiaria”, dijo. Por su parte, el secretario de Energía, Darío Martínez, reveló que se incluirá en el Presupuesto 2021 un esquema certificado de pago para que las empresas tengan la certeza del cobro de este beneficio que, en el caso del offshore, será por un plazo de ocho años dadas las características técnicas de ese tipo de producción.