Inicio Internacionales ¿Qué es el “huachicoleo”? De costumbre mexicana a novedad en Argentina

¿Qué es el “huachicoleo”? De costumbre mexicana a novedad en Argentina

El reciente episodio de robo de combustible en el país remite a una práctica que ya es parte del cotidiano mexicano. Intervienen ductos y comercialización clandestina
Huachicoleo
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

La investigación originada por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal que, días atrás, llevó a desbaratar una red de robo de petróleo a YPF y refinación clandestina hace pensar que no hay pandemia que pueda ser obstáculo a la hora de adquirir hábitos o enseñanzas foráneas en materia de crimen organizado.

Este robo de crudo a gran escala, vía pinchaduras en el oleoducto que sale de Neuquén, pasa por Bahía Blanca y finaliza en La Plata, derivó en 30 allanamientos en cuatro provincias –la mayoría en Buenos Aires–, la detención de 18 personas involucradas y la contaminación del Riachuelo. Y, como práctica delictiva, encuentra un correlato de engranajes por demás aceitados en México, país que se ve atravesado por el robo de combustibles desde el 2000 y que, en un incremento gradual año a año, estimó las pérdidas económicas en cerca de U$S 1660 millones, en 2018.

Bajo el nombre de “huachicoleo”, como es conocido en el país hermano del norte, el delito de extracción de hidrocarburos para su posterior comercialización en la clandestinidad vincula a agentes del crimen organizado, autoridades y personal de compañías petroleras mexicanas. “A medida que el país fue transitando hacia una situación de seguridad muy complicada, el delito fue incrementando. Hubo un aumento sustancial, particularmente, en el sexenio que abarca del 2006 al 2012. Entre el 2012 y el 2018, el valor acumulado por el robo de combustible fue de 100.000 millones de pesos (mexicanos)”, dice Arturo Carranza, analista y consultor energético de México.

El contar con tecnología cada vez más avanzada para operar les permitió cierta diversificación. Los “piquetes” se realizan tanto en oleoductos como gasoductos y, en la actualidad, la mayor problemática pasa por el robo de GLP (gas licuado de petróleo).

Al día de hoy, los estados que se ven más afectados son Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, y en un menor orden, Veracruz, Guanajuato, Tamaulipas. Carranza explica que estas regiones cuentan con rasgos comunes en cuanto a la existencia de una infraestructura para la producción o redes de distribución, al mismo tiempo que en ellas hay una presencia sumamente articulada del crimen organizado.

Delito federal

De esta manera está tipificado el robo de combustibles, y a partir del 2019, ya con Manuel López Obrador en el poder, voces del sector entienden que se logró un avance en el castigo a los criminales: todas las personas que lleven adelante este ilícito tienen que llevar su juicio a la cárcel. Previo a esta medida, la persona podía salir de la cárcel con el pago de una fianza.

A su vez, en el afán de generar más mecanismos de prevención y control, el Estado brindó más atribuciones a las fuerzas federales, por lo que intervienen el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Esfuerzos que buscarían paliar años signados por la falta de herramientas indispensables para castigar de manera eficiente el crimen.

De cualquier modo, en un escenario en el que la ejecución de las pinchaduras en ductos y la comercialización del combustible involucra una connivencia de parte de distintas esferas del Estado, los esfuerzos contra el delito se desgastan y las herramientas jurídicas pierden peso. El vínculo con el narcotráfico se hace evidente y lo que sigue primando para las bandas es la posibilidad de sacar rédito de una de las industrias más redituables que existen.   

Por otra parte, Carranza advierte que la problemática se torna aún más compleja debido a que las distintas comunidades juegan un papel fundamental. Al contar con un mercado negro a través del cual pueden obtener un combustible a precios más accesibles, ellas funcionan como “una suerte de escudo” ante la presencia de las fuerzas policiales. “Y ahí es donde las autoridades están atoradas, porque el delito cuenta con el apoyo de las comunidades”, agrega el analista.