Toman en cuenta el impacto ambiental y social de las nuevas inversiones y están siendo adoptadas por la mayoría de los bancos y fondos de inversión. El rol de BlackRock y los cuellos de botella que genera en la industria Oil&Gas.
Más allá de la buena voluntad que puedan llegar a tener los gobiernos del mundo y los organismos multilaterales de crédito para aumentar el “financiamiento verde”, sus aportes representan un porcentaje insignificante de los montos necesarios para llevar a cabo la famosa transición energética al ritmo planteado en el Acuerdo de París.
Los únicos capaces de proporcionar el dinero que hace falta son los bancos privados y los fondos de inversión y, para que eso suceda, cumplen un rol fundamental las nuevas normas ESG (Environmental, Social and Governance).
Las mismas hacen referencia a que los negocios deben dejar de centrarse exclusivamente en las ganancias para, a su vez, considerar el impacto que tienen en el medio ambiente y en el entorno social. En consecuencia, las nuevas inversiones están empezando a ser calificadas y, por lo tanto, aprobadas o rechazadas, a partir de estos criterios.
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Los medioambientales toman en cuenta, principalmente, los residuos generados por esos proyectos, la emisión de gases de efecto invernadero y si el mismo implicó la deforestación de algún área. Los sociales, por su parte, consideran la gestión del capital humano, las condiciones laborales, la diversidad del staff contratado y el impacto del proyecto en la población local.
La aceptación de estas normas en el mundo financiero ha ido escalando progresivamente, pero sin lugar a dudas, uno de los puntos de inflexión que las hizo tomar un ritmo mucho mayor fue el acompañamiento de BlackRock, el mayor fondo de inversión de todo el mundo.
Como explicó EOL, la firma de Larry Fink publicó su tradicional carta anual a principios del 2021, en la que anticipó “un cambio estructural en las finanzas” gracias a que “el riesgo del cambio climático está convenciendo a inversores a reevaluar los supuestos básicos” y manifestó su “convicción” de que “la inversión sustentable es la base más sólida para los portafolios de nuestros clientes de cara al futuro”.
“El primero que le dio manija fue BlackRock y el resto de los fondos grandes lo están siguiendo. Se dieron cuenta que habrá una inmensa presión internacional”, sostiene el analista de mercados, Francisco Uriburu.
Otro fuerte respaldo a las normas ESG fue el manifiesto por la sostenibilidad y la economía inclusiva del pasado Foro de Davos, en el que se subraya que el “propósito de las empresas es colaborar con todos sus stakeholders en la creación de valor compartido y sostenido”; como así también, los Principios de Banca Responsable impulsados por la ONU.
“La imposición en el mundo de las normas ESG coloca a la Argentina en una posición favorable dado que está cumpliendo estándares de polución aceptables. Argentina tiene la oportunidad de convertirse en uno de los países líderes en el cuidado del medio ambiente al poder financiar parte de su infraestructura con estos fondos verdes”, agrega Uriburu.
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Sin embargo, no todos los grandes jugadores del sector financiero comparten esta idea. Bill Ackman, por ejemplo, el CEO de Pershing Square Capital, advirtió a la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) que las normas ESG están contribuyendo al incremento de la inflación por los altos costos energéticos que generan.
Como se pudo observar en la reciente crisis energética de Europa y Asia, las renovables todavía no están en condiciones de convertirse en energía de base por su intermitencia y la dificultad de su almacenamiento. Por lo tanto, apenas se observa un inconveniente con fuentes contaminantes, pero que dan seguridad al sistema, como el gas natural o el carbón, los precios tienden a dispararse a proporciones inéditas.
Y si estas industrias empiezan a tener dificultades para conseguir financiamiento, como ya está sucediendo, por su alta huella de carbono y la preferencia de los fondos de apoyar a los proyectos verdes, el efecto inmediato es una disminución de la oferta de hidrocarburos cuando la demanda todavía permanece muy alta. En definitiva, el problema es que la falta de inversión en nuevos yacimientos hidrocarburíferos puede provocar una caída de su producción mucho mayor a la que puede tolerar el sistema, generando cuellos de botella, tensiones sociales por incrementos tarifarios y cierre de fábricas que aún no encuentran sustitutos a este tipo de combustibles.
