La secretaria de Energía expuso ante el Congreso los ejes de su cartera que prevé el Presupuesto 2023 y respondió las preguntas de los diputados. Tarifas, deudas a Cammesa y obras públicas fueron los temas debatidos.
La secretaria Flavia Royón dio los primeros lineamientos de cómo serán los aumentos tarifarios durante el próximo año en una larga exposición frente al Congreso de la Nación, en la que respondió preguntas de los diputados y diputadas durante más de una hora.
Su presentación para defender las pautas presupuestarias del 2023 hizo gran hincapié en la importancia de redireccionar el sistema de subsidios para reducir este gasto del 2,2% al 1,6% del PBI.
Para lograr esa meta, tienen previsto actuar por tres vías distintas. En primer lugar, continuar con la segmentación tarifaria, alcanzar una aplicación plena a todos los que no se hayan inscripto al registro y trasladar otro aumento que siga el mismo criterio de Coeficiente de Variacion Salarial (CVS) al igual que se hizo en 2022. Es decir, que el sector de bajos ingresos sufra incrementos del orden del 40% del CVS y el sector medio del 80% del CVS. En este último caso, con el agregado de tener un límite al consumo de 400 kw/h mensuales para el servicio eléctrico y de 550 kw/h para los usuarios de provincias sin redes de gas.
No obstante, el Gobierno afirmó que está estudiando modificar los topes en las provincias del Norte Grande para el verano. “Estamos teniendo una reunión por semana con las provincias para encontrar una solución justa. En este caso, no tendrá que ver con tener o no tener gas, sino con las temperaturas”, dijo el subsecretario de energía eléctrica Santiago Yanotti, que acompañó a Royón en la exposición.
[El Gobierno vuelve a postergar la segmentación y ya se habla de pasarla a 2023]
En segundo lugar, se aplicaría otro aumento para los segmentos de transporte y distribución de gas y electricidad mediante la puesta en marcha de una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI) en febrero del 2023, que debería actualizar el atraso de costos acumulado durante los últimos 5 años.
La tercera vía será regularizar las deudas que las provincias mantienen con Cammesa por el pago de la energía eléctrica, para lo cual se fijó un artículo en el Presupuesto que permite retener fondos de la coparticipación a los distritos deudores. “El rubro Energía, combustibles y minería representa el 9,8% del gasto de la administración nacional donde el principal concepto son los giros a Cammesa”, indicó Royón para resaltar el peso de estas deudas en el déficit fiscal.
Lógicamente, este punto no tuvo el visto bueno del grueso de las provincias y, como moneda de cambio, el Gobierno ofrece un nuevo intento de traspaso del servicio eléctrico a Buenos Aires y CABA, tal como había propuesto Macri. “Queremos que se conforme ese ente tripartito nuevamente para que sea la Ciudad y la Provincia quienes empiecen a tener responsabilidades”, dijo Yanotti.
Además de la cuestión tarifaria, otro gran capítulo que acaparó la preocupación de los diputados respecto al discurso de Royón fue el plan de obras públicas, donde se destacan la construcción de gasoductos, la ampliación de redes de alta tensión por $6.000 millones, la ampliación de vida útil de Atucha I, las hidroeléctricas de Santa Cruz y el brazo Aña Cuá de Yacyretá, la instalación de 400 MW termoeléctricos, y la licitación de energías renovables de pequeña escala por el cuello de botella existente en el transporte.
Finalmente, la secretaria destacó que la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner se espera que esté terminada para enero del 2025, lo que abre una nueva oportunidad de exportación al incluir la reversión del gasoducto del noroeste. “Estamos trabajando en conjunto con Bolivia y con Brasil para la exportación hacia Brasil usando la infraestructura preexistente en Bolivia”, mencionó en ese sentido, lo que marcaría el fin de la provisión de gas de Bolivia para esa fecha.
