Con Martín Guzmán a su derecha, el Presidente envió la ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas al Congreso y llamó a los legisladores a acompañar esta normativa. En simultáneo, parte de su gabinete presentaba la renuncia.
En medio de una convulsión oficialista y con un desgaste notorio incluso antes llevarse a la práctica. Así fue presentada la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas por Alberto Fernández y, tras una derrota electoral a nivel nacional que llena de aún más incógnita el escenario de acá a noviembre, llega finalmente al Congreso.
“En este contexto tan complejo, nosotros quisimos dar certidumbre, porque creemos que tenemos un potencial enorme en esta materia y es el momento de aprovecharlo. Tenemos que brindar el máximo impulso a toda la actividad petrolera y gasífera. Es una ley en la que todos fueron escuchados y todos aportaron para ver de qué modo se podía hacer mejor, conveniente y fructífera para el futuro”, dijo el Presidente en Casa Rosada, frente a gobernadores, ministros y directivos de distintas empresas, en una jornada en la que el Presidente sabía que cada movimiento y palabra suya será leída y releída.
No hace falta indagar demasiado para encontrar el terreno hostil en el que el Gobierno termina dando a conocer lo que seguramente es la normativa más esperada en el sector petrolero en los últimos dos años. En el Museo del Bicentenario estuvieron presentes la mayoría de los gobernadores de las provincias productoras, entre los que, a excepción de la rionegrina Arabella Carreras, primaron las caras largas, ya sea por recientes derrotas electorales como fue el caso de Mariano Arcioni (Chubut) o el arrastre de varios encontronazos discursivos en los últimos días, como se percibió en el semblante de Omar Gutiérrez.
Desde el oficialismo se buscó presentar a la ley como una normativa que surge con el propósito de incentivar la producción de hidrocarburos, con una perspectiva federal que contemple la realidad de cada provincia productora y que incluya el desarrollo de pymes que aporten en la agregación de valor. Todo ello en pos de generar el ingreso de divisas. Ese es el mantra que está obligado a repetirse a sí mismo el Gobierno y que, como dice comprender desde el inicio de su gestión, puede verse cristalizado en la producción fundamentalmente de Vaca Muerta.
Lo cierto es que, de cara al ingreso en el Senado, el proyecto de ley llega en un momento de suma incertidumbre para el gobierno nacional, que el domingo pasado se topó con una derrota contundente en todas las provincias productoras y no sabe si logrará contar con el apoyo necesario en un recinto que, de replicarse los resultados de las PASO en noviembre, tendrá un panorama aún más complicado en el Congreso.
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De acuerdo a los lineamientos que dio a conocer la Secretaría de Energía sobre la ley, entre los incentivos más trascendentales a la inversión en producción de petróleo, están el establecimiento de la figura de exportaciones garantizadas, dentro del cual este saldo será de entre el 20% y el 50% de la producción incremental de cada empresa, en función del “crecimiento total de la producción total nacional; participación de cada empresa en la cobertura del mercado interno; reversión del declino de la producción de cada empresa; incremento de su propia producción y la proporción de pozos inactivos puestos a producir contratando pequeñas empresas regionales”.
A su vez, la normativa establece la libre disponibilidad de divisas en un 50% de las exportaciones, dependiendo de la “participación de cada empresa en la cobertura del mercado interno y la proporción de pozos inactivos puestos a producir contratando pequeñas empresas regionales”. Por otra parte, se dispone la eximición del Impuesto a las Ganancias “por la cesión parcial de la participación en un área concesionada”, con el propósito de incentivar la asociatividad entre firmas productoras.
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Por el lado del gas, también en un marco de lo que Martínez llamó “un horizonte de veinte años de estabilidad fiscal tributaria y también de beneficios”, se estipula un esquema de promoción productiva a partir de la contractualización mínima de tres años, previsibilidad en el precio, garantía de volúmenes comercializados, exportaciones en firme, libre disponibilidad de divisas del 50% de las exportaciones y, al igual que con el crudo, la eximición del Impuesto a las Ganancias por la cesión parcial de la participación en un área concesionada.
“Las instrucciones han sido muy claras. Conformar un proyecto de ley con la mayor amplitud posible. Conformamos un equipo que ha sido coordinado por el contador Ariel Kohan, Demian Panigo y por todo el equipo de la Subsecretaría de Hidrocarburos y todo el equipo técnico del ministro Guzmán”, dijo Martínez. A esto añadió que la creación de la normativa implicó “un trabajo interministerial muy importante, pero también con las provincias, consultando cuáles son los temas más importantes que deberíamos encarar y esas instrucciones nos llevaron a conformar esta herramienta que estamos presentando”.
Proyectos especiales
Uno de los principales puntos de la ley en el que el secretario de Energía hizo foco fue el del régimen particular para los Proyectos Especiales. Sobre estos, remarcó que, dependiendo de dónde se realiza, la provincia tendrá la posibilidad de “participar en la aprobación de ese proyecto especial”. No obstante, aclaró, estos proyectos especiales tienen otros objetivos en función de lo estratégico y lo necesario. “Volvemos a premiar aquellos proyectos que se desarrollen en convencionales en áreas con declino o en áreas marginales todavía mucho más”.
Dentro de este régimen, la ley plantea un incentivo para aquellas productoras que realicen inversiones en: pequeñas empresas; áreas marginales; cuencas con declinación productiva; industrialización en origen; exploración y explotación convencional. Estos proyectos, aseguran desde Energía, contará con “participación directa de las provincias en la aprobación de los proyectos”.
Entre los beneficios para proyectos especiales, está la amortización acelerada en Impuesto a las Ganancias y devolución del IVA sobre las inversiones asociadas al proyecto; hasta un 40% de reducción de aranceles de importación para bienes no producidos en el país y garantía de acceso al Mercado Único y Libre de Cambios por hasta 25%, durante cuatro años, de las divisas efectivamente ingresadas para financiar el proyecto.
De acuerdo a lo que determina el texto de la normativa, los proyectos especiales que contarán con la posibilidad de acceder a los incentivos o estímulos contemplados son aquellos en los que las firmas realicen inversiones acordes a los siguientes escenarios:
- 6 millones de dólares en exploración y sísmica para la explotación convencional en un plazo máximo de 3 años.
- 10 millones de dólares en proyectos de refinación e industrialización de hidrocarburos en la cuenca de origen, también en un plazo máximo de tres años.
- 30 millones de dólares en obras de almacenamiento subterráneo o en tierra de hidrocarburos, o de infraestructura portuaria para exportación, transporte, o mejoramiento o ampliación de la existente.
- 50 millones de dólares para proyecto de tratamiento, licuefacción, comercialización, almacenaje móvil o estacionario, transporte, utilización y fabricación de equipos para proyectos de GNL.
- 100 millones de dólares para proyectos de explotación tanto de crudo como de gas convencional, offshore o con recuperación secundaria y/o terciaria, en un plazo máximo de 4 años.
- 300 millones de dólares destinados a proyectos de industrialización, separación, fraccionamiento, tratamiento, almacenamiento, transporte y/o refinación de hidrocarburos y derivados, en un plazo máximo de 5 años.
Almacenamiento subterráneo y perspectiva de género
La normativa crea la concesión de almacenamiento subterráneo, lo que representa –con el énfasis de Martínez en este aspecto– la única modificación a la Ley de Hidrocarburos. A su vez, señaló que el foco en la perspectiva de género se plasmará no sólo mediante un incentivo generalizado en el sector en pos de “tener profesionales formados en la materia, sino además en una disminución de los aportes patronales a aquellas plantillas que tengan en cuenta la perspectiva de género al momento de presentarla”.
Sustentabilidad
En este punto decidió hacer foco el ministro Martín Guzmán, al momento de referirse a las virtudes de esta ley. “El mundo está yendo hacia un lugar al que necesita ir, que es el de la sustentabilidad ambiental. Nosotros debemos ir adaptando nuestra estructura productiva de una forma que, al mismo tiempo, nos permita transitar hacia una estructura sustentable y podamos tener un desempeño socioeconómico que cree oportunidades, que nos permita estar en el camino de la estabilidad macroeconómica”, dijo Guzmán, en sintonía con el tinte verde de la agenda internacional y con el claro propósito de lograr la renegociación de la deuda. “Con esa lógica se diseña este proyecto de ley sobre el cual le pedimos al Congreso de la Nación que nos acompañe”, agregó.
Por su parte, Martínez subrayó que “los proyectos más amigables con el medioambiente van a tener beneficios por encima en cuanto a las exportaciones garantizadas y la disponibilidad de divisas”.
“Se va transitando –explicó Guzmán también en este sentido– de una estructura en la que hay mayor quema de combustibles a una estructura donde prevalece, en una mayor fracción, la producción de gas. Se va dando un paso hacia delante con respecto a la alternativa que la Argentina podría sostener desde el punto de vista económico. Se incluye un conjunto de incentivos para poder ir modernizando los equipos de producción, de modo que la Argentina pueda seguir en el camino de la transición productiva y energética”.
Déficit: macroeconomía e infraestructura
Un día en el que, además de enviar al congreso la ley de promoción de inversiones en el sector, ratificó, por un lado, la contemplación de la construcción de gasoductos en el Presupuesto 2022 que también hoy se presentará, así como el respaldo a la posibilidad de concretar el desarrollo offshore en Mar Argentino. En alusión a la provincia de Buenos Aires y con Axel Kicillof como interlocutor, señaló: “Hay que reglamentar las condiciones offshore que le van a permitir ser una provincia petrolera, que es lo único que le falta. Estamos viendo si cerca de las costas atlánticas existe la posibilidad de extraer petróleo. Todo eso está reglamentado en esta ley”.
El déficit en infraestructura gasífera fue uno de los puntos en los que hizo hincapié tanto él como Martín Guzmán. “Tenemos que desarrollar esos gasoductos, porque tenemos regiones de nuestro país donde el gas no está llegando a pesar de tenerlo. Y no llega porque no tenemos gasoductos desarrollados y eso a nosotros nos tiene que preocupar y mucho. No es una parte mínima de la Argentina, sino una parte grande”, señaló Fernández.
En esta misma línea, Guzmán –a quien Fernández saludó al final de la presentación con un puño en alto y un cálido “Martincho”– se refirió al contexto macroeconómico que atraviesa el país y, concretamente, a la importancia de concretar la renegociación de la deuda con el FMI: “Si tuviéramos que pagar los 19 mil millones de dólares de capital que enfrentamos con el Fondo Monetario Internacional, como parte de los 45 mil millones de dólares que se tomaron, a pagar en un período de cuatro años, significaría que, en vez de haber 2,4% del PBI en Obra Pública, tendría que haber 0%”. En ese escenario hipotético, insistió Guzmán, “olvidémonos de los gasoductos, de las rutas, de las escuelas, de cualquier cosa”.
