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Debate técnico: qué opinan los expertos sobre el futuro de los biocombustibles

El CARI organizó un encuentro con importantes referentes del sector energético, donde se escucharon posturas a favor y en contra del nuevo proyecto de ley.
Biocombustibles

Ante la falta de tiempo para llevar a cabo un debate técnico en el Congreso de la Nación sobre modelo de desarrollo que deberían seguir los biocombustibles en Argentina, el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) organizó una interesante charla con conocidos referentes energéticos para discutir las mejores alternativas para el sector.

Desde la propia apertura a cargo de Raúl Parisi, Director del Comité de Asuntos Energéticos de este histórico think tank vinculado al radicalismo, se notó una clara tendencia de los expositores a criticar la normativa vigente y en consecuencia, sugerir cambios que reduzcan la participación de biocombustibles tal como propone el proyecto de ley del oficialismo.

Según Parisi, el régimen actual nació en un contexto en el que “el factor limitante en el mundo era la disponibilidad de petróleo”, lo que tornaba “imperativo desarrollar los biocombustibles” y muchos gobiernos comenzaron a subsidiar su producción. “Hoy, en cambio, el problema más importante es el control del cambio climático. Los motores de combustión interna están siendo reemplazados por motores eléctricos. Entonces habría que plantearse si Argentina debe continuar promoviendo estos biocombustibles que trasladan un mayor costo a los usuarios”, subrayó.

Ya desde una representación directa a la Cámara de la Industria del Petróleo, Adrián Pérez cuestionó la calidad de las entregas de los productores de biodiesel y pidió que se quiten las barreras que les prohíben entrar en este mercado a las petroleras.  

En el mismo sentido, Daniel Rellan, del Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG), compartió una investigación que demostraría los efectos perjudiciales cuando los cortes se incrementan por encima del 7%.

“Las pruebas de laboratorio y los ensayos de campo muestran que estas mezclas presentan una inestabilidad creciente que afectan la calidad del combustible y el buen funcionamiento del motor. Las normas de calidad europea y estadounidense establecen un tope máximo pensando en estas razones. A partir de ahí, aumenta la ineficiencia de los motores y cesan los efectos beneficiosos de reducción de emisiones de los biocombustibles”, dijo.

Sin embargo, las mayores críticas a los biocombustibles vinieron de un académico como Víctor Bronstein, Director e Investigador Principal del Centro de Estudios de Energía de la Universidad de Buenos Aires, quien lisa y llanamente pidió “empezar a desarmar al sector porque no aporta a las necesidades del país”.

En una postura que él mismo reconoció como “radical”, dijo que la producción de biocombustibles incrementa el precio de los alimentos, promueve la deforestación en otros países -aunque no en Argentina-, y genera efectos fiscales adversos por no destinar esos granos a la exportación.

En la vereda opuesta se ubicó Claudio Molina, Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, quién no titubeó en cruzar duramente el proyecto del oficialismo, por otorgar “una serie de atribuciones arbitrarias a la Autoridad de Aplicación que atenta contra las inversiones productivas”.

Por otro lado, anticipó el cierre de muchas plantas por la posibilidad de reducir los cortes a la mitad y el surgimiento de presentaciones judiciales por atentar “contra el principio de progresividad del Acuerdo de París que Argentina ratificó”.

Finalmente, el ex secretario de Energía, Daniel Montamat, coincidió con Molina en sus cuestionamientos al proyecto de ley y pidió “una prórroga del régimen vigente por un año para que el Congreso se tome un tiempo de discusión y convoque a los expertos para ir a un régimen de fondo, compatible con las necesidades del país de transformar su modelo productivo”.

Según Montamat y el grupo de los “ex secretarios de Energía”, el nuevo régimen debería contemplar dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, promover un desarrollo exportador de los biocombustibles. En segundo, propiciar un rebalanceo impositivo que grave mucho más a las emisiones de dióxido de carbono que a los combustibles por el sólo hecho de serlos, al contrario de lo que sucede hoy en día.