El nuevo DNU establece la imposibilidad de cortes por falta de pago a sectores vulnerables hasta el 31 de diciembre.
En línea con la gravedad de la crisis económica profundizada por la pandemia, el Gobierno decidió extender hasta el 31 de diciembre la prohibición del corte de servicios públicos como luz y gas.
La medida también abarca a las facturas de cable, internet y telefonía, a las que el nuevo DNU les impide “disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el artículo 3°, en caso de mora o falta de pago de hasta siete facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020″.
Esto también supone una suba del tope de facturas impagas permitidas -de tres a siete- e incluye a los usuarios y las usuarias con aviso de corte en curso. “Si un usuario o una usuaria accediera a un plan de facilidades de pago en las condiciones que establezca la reglamentación, se considerará a los efectos del presente, como una factura pagada”, dice el decreto oficial.
Los sectores alcanzados por el beneficio son aquellos que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, Pensiones no Contributivas con ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, inscriptos en el Régimen de Monotributo Social; quienes perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos, beneficiarios del seguro de desempleo, personas electrodependientes y empleados de casas particulares, entre otros.
La decisión se muestra coherente con el congelamiento de tarifas prorrogado en junio y es justificada desde el punto de vista social. El problema es que el atraso de precios está llegando a niveles que hacen peligrar el normal funcionamiento del sector.
Estas tensiones se observan en todo el aparato energético, pero sin duda la rama de los biocombustibles y la provisión de garrafas de gas emergen como los casos más preocupantes.
Otro de los ejemplos que encendieron alarmas en el sector fue precisamente la distribución de gas, donde la empresa más importante, Metrogas, anunció que no estaba en condiciones de pagarle el insumo a las productoras. Justamente el argumento de Metrogas radica en un aumento en la morosidad -la cual rondaría entre el 25% y el 30%- que es amparado por el DNU en cuestión.
