Los motivos detrás de la carta a las productoras y la postura del gobierno para resolver el conflicto.
La carta de Metrogas a las petroleras provocó un torbellino en el sector energético. Si bien todos están al tanto de la delicada situación en la cadena de pagos, nadie esperaba un anuncio rupturista de tal magnitud en el que se avisa por adelantado que dejará de abonar la factura de gas a sus proveedoras.
No obstante, tanto el gobierno como las distribuidoras lo consideran un caso aislado y aseguran que no se repetirá en otras compañías. “No tenemos pensado hacer una cosa así y no veo que otra lo vaya a hacer. El sector no está en la misma situación”, indican a este medio desde una de las principales jugadoras.
“Nos sorprendió totalmente. El congelamiento incide y es lógico que a veces te atrases en algún vencimiento, pero mandar una carta al regulador diciendo ‘no pago nada’ es muy fuerte” agregaron.
Como explicó Metrogas, el incumplimiento de obligaciones se origina en la pérdida de $1.666 millones durante el primer semestre producto del congelamiento tarifario y el aumento de la morosidad a raíz de la pandemia.
La última actualización en las facturas data de abril del 2019. El siguiente aumento correspondía al mes de octubre, pero fue postergado por el ex presidente Macri para apuntalar su desempeño electoral. Ya con Alberto Fernández en el poder, se decretó un congelamiento por seis meses que finalmente fue extendido hasta diciembre del 2020 ante el descalabro económico que se acentuó con el coronavirus.
Según los cálculos de las empresas, el atraso roza el 70% con el agravante de que muchos usuarios dejaron de abonar sus facturas amparados por el decreto que prohíbe los cortes en ciertos casos.
“El primer mes fue el más terrorífico porque en la cuarentena estricta no había ni Pago Fácil. Incluso la gente que quería pagar no sabía cómo”, recuerdan desde las distribuidoras y dicen que en aquel entonces la cobrabilidad llegó a un piso del 35% para después estabilizarse en un 70%, un número todavía muy lejos de un escenario normalizado.
Sin embargo, en el gobierno apelan al balance de la empresa para rebatir estos argumentos y marcan que del rojo de $1.666 millones, casi dos tercios corresponden al terreno financiero. Es decir, que los números no reflejarían una fuerte pérdida operativa, sino que hablan de una empresa que acarrea un serio endeudamiento en dólares.
“Es por lejos la más grande, tiene los clientes concentrados en una misma área lo que facilita el servicio y te hace ahorrar costos. Es imposible que no sea negocio, se están atajando para buscar una negociación cuando les llegue la auditoría por las RTI”, subrayaron a EOL. De todos modos, dicen que “no se le va a soltar la mano” y que la van a terminar auxiliando: “esto termina en una negociación, no en una ruptura”.
