La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.
La semana pasada, con 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “’Acuerdo de Escazú’’.
Es un tratado internacional firmado en la ciudad costarricense Escazú, en el que participaron 23 países de América Latina y el Caribe a lo largo de tres años de negociación en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Argentina fue un actor clave en el proceso y se convirtió en el décimo de la región en concretar su ratificación. Sin embargo, se necesita alcanzar al menos un país más (11 en total) para que entre en vigor.
“La ratificación de Escazú se logró en un momento clave, ya que el Acuerdo otorga herramientas fundamentales para hacer frente a la emergencia sanitaria y sus muy severas consecuencias económicas y sociales. Cuando, además, la crisis climática nos golpea de manera directa al agravar las consecuencias de los incendios intencionales propagados por gran parte del territorio nacional, todo lo que signifique proteger personas y poblaciones en situación de vulnerabilidad es no solo bienvenido, sino absolutamente necesario”, señaló Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Escazú representa el primer tratado ambiental a nivel regional que busca promover los derechos de la ciudadanía de acceso a la información, la participación pública en cuestiones que la afecten y la justicia en asuntos ambientales. Además, es el primero en el mundo que establece disposiciones para proteger a quienes defienden los derechos humanos en temas ambientales, cuestión sumamente relevante para América Latina y el Caribe, ya que, tal como reveló Global Witness en el 2020, es la región con mayor récord de personas asesinadas por año por defender la tierra y el medio ambiente. La organización documentó 212 homicidios en 2019, a consecuencia de su rol de la defensa de sus hogares y sus intentos de detener la destrucción de la naturaleza.
¿Cómo impacta el Acuerdo de Escazú en la política energética?
El sector energético es uno de los principales generadores de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, por lo que es gran responsable del calentamiento global, y por ende, del cambio climático que provoca graves consecuencias para el planeta. El vínculo entre energía y ambiente está claro. Para cumplimentar con los objetivos propuestos de reducción de emisiones es necesario tomar acciones en todos los sectores, principalmente en los que más influyen, como en este caso.
El Acuerdo de Escazú tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Por lo que resulta un empujón clave para promover e impulsar la transición energética para la descarbonización de nuestra matriz.
Asimismo, hace especial hincapié en el acceso, generación y divulgación de la información ambiental, lo que conlleva a que los países comprometidos establezcan un registro de emisiones importante a la hora de tomar decisiones en materia ambiental y sobretodo en el sector energético. A su vez, al promover la participación pública en asuntos ambientales, colabora en el proceso de la transición energética y hasta podría llegar a acelerarla.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, señala que el Acuerdo de Escazú es “un valioso instrumento para buscar soluciones centradas en las personas y basadas en la naturaleza”. Por lo que podría ser un gran avance para soluciones vinculadas a la eficiencia energética y las energías renovables.
