Profundizan la investigación por la diferencia entre el precio tasado y el adjudicado en la licitación.
A raíz de la venta de las centrales termoeléctricas a un precio menor al que habían sido tasadas, el fiscal Ramiro González imputó al ex presidente Macri y los ex funcionarios Javier Iguacel y Juan José Aranguren. Las centrales son Ensenada de Barragán y Brigadier López, ubicadas en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, respectivamente.
Con la querella de Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), presunta perjudicada por la venta irregular de las centrales, el fiscal investiga posibles modificaciones en las licitaciones de las que habrían salido beneficiados Ángel Calcaterra, primo de Mauricio Macri y Nicolás Caputo, dueño de la empresa Central Puerto, una de las licenciatarias involucradas en la venta junto con el grupo conformado por YPF y Pampa Energía.
La denuncia original fue realizada en 2018 por un grupo de diputados del Frente de Todo que encabeza Rodolfo Tailhade. Allí esgrimían que la venta de dichas centrales se había concretado por un precio menor al real, lo que habría significado una pérdida para el Estado Nacional de más de USD 118 millones.
Según los legisladores, la central Ensenada de Barragán habría sido tasada en USD 305.900.000, mientras que la Brigadier López en USD 217.000.000, sin embargo fueron adjudicadas en USD 229.529.500 al grupo Pampa-YPF y en USD 165.432.500 a Central Puerto, respectivamente.
Entre los imputados, se suman al ex presidente varios es funcionarios que ejercieron en el Ministerio de Energía como Juan José Aranguren, Javier Iguacel y Gustavo Lopetegui. También su suman Alberto Raúl Brusco, ex Subsecretario de Infraestructura de esa cartera; Ángelo Calcaterra, quien actuó en el consorcio ISOLUX e IECSA; Hugo Balboa, ex presidente de ENARSA y Mario Dell’Acqua, ex presidente de IEASA.
En la ampliación de esta investigación, Ramiro González pidió que se recaben “las resoluciones, circulares y demás documentación que dé cuenta de la modificación de los pliegos licitatorios que nos ocupan, y que ocasionaron el perjuicio patrimonial denunciado”.
Por otra parte, los denunciantes señalaron que existen más irregularidades en la negociación debido a la indemnización de $1.600 millones a Calcaterra, ex titular de IECSA, constructora de las plantas, a raíz de la recisión de un contrato.
“Resulta evidente –señalaron los denunciantes– que los antiguos empleados de la familia Macri han sido allí designados para direccionar y/o influir sobre el procedimiento de privatización de las centrales térmicas y favorecer económicamente a distintas personas cercanas al Presidente”.
