Tras un fallo favorable para la República Argentina, la disputa judicial por la estatización de YPF sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Washington. Una coalición integrada por 15 estados y territorios estadounidenses recurrió a la Corte Suprema de los Estados Unidos para respaldar la postura de los fondos litigantes que buscan revertir la decisión que eximió al país de abonar una condena de 16.100 millones de dólares.
La iniciativa, liderada por el estado de Missouri, ingresó el pasado viernes 30 de octubre bajo el formato de amicus curiae, una figura legal que faculta a terceros no involucrados en la contienda a brindar consideraciones jurídicas al tribunal.
Los firmantes cuestionaron la decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que el 27 de marzo de este año anuló la sentencia millonaria dictada contra la Argentina. Consideraron que el criterio adoptado podría sentar un precedente que permita a otros países utilizar sus propias leyes para evitar reclamos judiciales en territorio estadounidense.
El documento sostiene que los jueces interpretaron de manera incorrecta la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (FSIA), que establece las condiciones bajo las cuales un Estado extranjero puede ser demandado ante los tribunales norteamericanos.
Desde la óptica de los demandantes, convalidar la postura del Segundo Circuito sentaría un peligroso precedente que permitiría a otros países eludir litigios en EE.UU. mediante la sanción de normas domésticas a medida. Para ilustrar su posición, los funcionarios citaron las demandas que Missouri y Mississippi entablaron contra China por conductas comerciales durante la pandemia de coronavirus, donde se denunció acaparamiento de insumos sanitarios, productos defectuosos y prácticas desleales. En ese sentido, remarcaron que si Pekín pudiera blindarse con su propia legislación para litigar únicamente en suelo chino, se perjudicaría la protección de los ciudadanos estadounidenses.
El respaldo de los estados norteamericanos generó distintas interpretaciones sobre su posible impacto en el expediente. El exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler señaló que la composición política de los firmantes podría restarle peso a la presentación.
“Todos los fiscales generales estatales que lo firman son republicanos (solo el de las Islas Marianas es ‘independiente’). La ausencia de demócratas no es decisiva pero lo torna menos persuasivo”, sostuvo en su cuenta de X.
Algunas precisiones sobre este amicus que relativizan su eficacia para persuadir a la Corte Suprema de que acepte tramitar el recurso de Burford: 1. Todos los fiscales generales estatales que lo firman son republicanos (solo el de las Islas Marianas es "independiente"). La ausencia de demócratas no es decisiva pero lo torna menos persuasivo. 2. El escrito, de apenas 8 páginas, se limita a plantear que la Cámara de Nueva York cometió un error cuando, según el escrito, se abstuvo de ejercer la competencia que le confiere la Ley de Inmunidad Soberana de EEUU porque la ley argentina se lo impide. La premisa del argumento es falsa: La Cámara SÍ ejerció su competencia, pero falló a favor de nuestro país aplicando el derecho de fondo argentino (societario y ley general de expropiaciones), el único relevante para resolver una disputa entre accionistas sobre el incumplimiento del estatuto de una sociedad argentina, algo en lo que han coincidido todas las partes y todos los jueces que intervinieron en el litigio. 3. Como es sabido, la Corte Suprema acepta juzgar muy pocos recursos (el año pasado acepto 65 de los aproximadamente 5.500 presentados) y prioriza aquellos en que los tribunales inferiores han disentido entre sí o dejado de lado un precedente de la Corte en una cuestión importante de derecho federal. Si bien en teoría no es imposible que la Corte acepte tratar un recurso que se limita a plantear un "error" de un tribunal inferior, es muy inusual que lo haga. 4. Sí podría suceder que la presentación de este escrito justifique que la Corte solicite la opinión del Solicitor General del gobierno federal antes de resolver si acepta o rechaza tramitar el recurso. En tal caso, su decisión se demoraría unos cuantos meses más de lo esperado. 5. La defensa argentina tiene plazo hasta el 2 de diciembre para presentar su escrito de oposición contra el recurso de Burford y cualquier amicus que lo haya respaldado. Es posible que antes de esa fecha también se presenten escritos amicus apoyando la postura nacional.
— Sebastián Soler (@TommyBarbanBA) November 2, 2026
Soler también cuestionó el argumento jurídico utilizado por los estados y advirtió que parte de una interpretación equivocada del fallo favorable a la Argentina.
“La premisa del argumento es falsa: la Cámara sí ejerció su competencia, pero falló a favor de nuestro país aplicando el derecho de fondo argentino (societario y ley general de expropiaciones), el único relevante para resolver una disputa entre accionistas sobre el incumplimiento del estatuto de una sociedad argentina, algo en lo que han coincidido todas las partes y todos los jueces que intervinieron en el litigio”, afirmó.
La distinción es relevante porque el tribunal de apelaciones no rechazó intervenir en el caso por falta de jurisdicción, sino que analizó los reclamos y concluyó que, de acuerdo con la legislación argentina aplicable, los demandantes no tenían derecho a obtener la indemnización contractual que habían reclamado.
Esa interpretación fue la que permitió dejar sin efecto la condena impuesta en primera instancia por la jueza Loretta Preska, en septiembre de 2023.
