La Subsecretaría de Energía bonaerense sostiene que el desmanejo del ente de control generó un “extraordinario crecimiento patrimonial” para las compañías licenciatarias.
A partir del análisis de la última Revisión Tarifaria Integral en la distribución de energía eléctrica, la Subsecretaría de Energía de la provincia de Buenos Aires advirtió la autorización de “aumentos injustificados de las tarifas que no fueron acompañados de responsabilidades de inversión por parte de las empresas”.
Según el gobierno bonaerense, la aplicación de ajustes tarifarios por parte de las compañías distribuidoras, en el período 2016-2019, habrían derivado en aumentos en las facturas finales que van desde 2.000% hasta 3.500% en dicho lapso de tiempo. “Sin embargo, este fuerte incremento no significó mayores inversiones en la red de distribución ni ejecución de obras en las instalaciones”, subraya el informe.
Las cuatro licenciatarias que operan en territorio bonaerense son Edelap, Edes, Edea y Eden, a las cuales el Gobierno de Kicillof acusa de haber experimentado ganancias de entre 498% y 644%, en el período que va de 2015 a 2018. Esto se pudo dar, aseguran, debido a un “bajo nivel de inversión y mantenimiento de la red” que se combinó con una quita de subsidios a nivel nacional y la identificación de “errores metodológicos que modificaron los resultados”.
“El modelo de tarifas altas –sostienen desde La Plata– para usuarios no significó una mejora en la calidad de la prestación del servicio. Si a eso se suma un Estado que abandonó su función de control y seguimiento sobre la ejecución y la inversión de obras”.
El Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), como lo marca su nombre, es el ente que debe cumplir la función de contralor del servicio. El área de Energía de la Provincia hace referencia a un estado de “abandono” de dicho ente por parte del Gobierna de María Eugenia Vidal. “Sólo se realizaron el 3% de las auditorías técnicas reglamentarias y el 10 % de las comerciales”, explican.
El texto del Informe de Revisión RTI 2017-2022 dice que “no existió ni planificación ni desarrollo de los procesos de auditorías comerciales y técnicas que permitan cumplir los controles establecidos por la normativa vigente”.
En este mismo documento, la gobernación se refiere a un estado de desfinanciamiento de OCEBA, caracterizado por una “precariedad financiera y restricción presupuestaria” que actuó en desmedro de su poder como autoridad de aplicación que es. En vínculo con esto, el texto amplía que “es nula la capacidad instalada tecnológica e informática para el seguimiento y control de 204 empresas proveedoras de servicio eléctrico”.
En este contexto, ahora las distribuidoras dialogan con el Gobierno bonaerense para acordar una salida del congelamiento de tarifas que ofrezca a las empresas prestadoras una inversión real que conlleve a una buena calidad de servicio con una tarifa “justa y razonable”.
