Sostienen que, una vez aprobado, demorarán un mínimo de dos meses para adecuar los sistemas de facturación. Las distribuidoras denuncian un trato injusto y amenazan con financiarse a instancias de Cammesa.
Luego de la presentación del plan oficial de segmentación tarifario, las empresas energéticas aprovecharon su exposición en la audiencia pública de este jueves para cuestionarlo con toda dureza y advirtieron que tardará un mínimo de dos meses en implementarse, lo que impediría su entrada en vigencia al 1 de junio como pretende Martín Guzmán.
“La propuesta de la secretaría de Energía tiene la deficiencia de información entre el usuario y el titular del suministro y podría generar problemas de implementación. Resulta necesario adecuar los sistemas comerciales y de facturación de las empresas y este proceso seguramente demore un mínimo de 60 días”, anticipó Claudio Bulacio, Gerente de Adeera, la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica.
Su colega Daniel Martini, Director de la Cámara de Distribuidoras de Gas Natural, fijó el mismo plazo como tiempo requerido para “la puesta en marcha de las modificaciones en los sistemas informáticos y de facturación, que además tendrán un costo relevante no previsto para las distribuidoras”.
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Además de este sobrecosto, indicó que, al no actualizarse el Valor Agregado de Distribución (VAD), por cada punto porcentual de incremento del Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del gas natural, las distribuidoras perderán 86 millones de pesos. “Un aumento del 55% en el precio de las compras tendría un impacto de 4.700 millones de pesos”, dijo.
Este aspecto también fue abordado por las dos grandes distribuidoras eléctricas del AMBA: Edenor y Edesur. Sucede que el Gobierno solamente se concentró en eliminar los subsidios al segmento de generación eléctrica y a la producción de gas natural, por lo que este aumento no redundará en mejoras para las distribuidoras.
“Esta propuesta solo permitirá cubrir una mayor parte del costo de generación. Solicitamos que, a aquellos sectores de la población que se les haga una quita parcial del subsidio, también se les incorpore una parte del costo de la distribución. Y al sector de mayores ingresos también debería incorporarse el costo pleno de la distribución. Ignorar esto es un grave error, es injusto y puede tener implicancias sobre la calidad del servicio, sobre la cadena de pago y puede llevar a la judicialización de la relación entre el regulador y el regulado”, subrayó el representante de Edenor, Federico Méndez.
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Como prueba de este “tratamiento desigual”, recordó que en los últimos 3 años los ingresos de Edenor subieron apenas un 31% cuando los costos totales de la compañía subieron un 220% y el precio de otros servicios regulados como el transporte público, la telefonía e internet, o la medicina, subieron un 126%, 167% y 202%, respectivamente.
“Eso obliga a las distribuidoras a financiarse con la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista, anulando cualquier reducción de subsidio que se hubiera logrado con estas modificaciones”, amenazó la abogada de Edesur, Vanesa Pandiani.
Se trata de una estrategia que empieza a escucharse con cada vez más frecuencia en off the récord entre los actores del sector energético y, especialmente, en las provincias que tienen a su cargo el servicio de distribución y que saben que un aumento puede complicar su competitividad electoral para el año próximo. Es por eso que muchas sostienen que, en vez de trasladar este cuadro tarifario a los usuarios, se financiarán a costa de Cammesa e incrementarán sus deudas con la mayorista estatal.
A pesar de estar entre los segmentos más favorecidos de toda la cadena, el representante de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera), Fernando Antognazza, pidió que se promueva la libre contractualización de la demanda entre las generadoras con las distribuidoras y las grandes empresas, permitir las operaciones de intercambio de energía eléctrica entre países por parte de privados, un mecanismo de formación de precios que dé previsibilidad en el largo plazo y revisar la deuda que mantienen las distribuidoras con Cammesa.
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Finalmente, Alberto Calsiano, Jefe del Departamente de Energía de la UIA, ofició como el portavoz del sector manufacturero y criticó los recientes aumentos tarifarios a su sector.
“La industria viene pagando los precios mas caros. La industria es el sector q históricamente pago el precio de gas más caro y sufrió la mayor cantidad de cortes. Y ahora sufrimos un nuevo incremento del 69% a partir del 1 de mayo”, cuestionó.
Por otro lado, reclamó que el Estado no está ejecutando ninguna política de eficiencia energética que, citando un informe del Enargas, manifestó que la introducción de mejoras en este sentido podrían reducir un 30% el consumo de los hogares sin afectar el nivel de comfort.
“Se puede lograr con mejor uso de la envoltura térmica de los edificios, con equipos más eficientes y con un uso más racional de la energía. El ahorro sería equivalente a toda la importación de GNL”, agregó.
