En la última de las audiencias públicas, el Gobierno explicó los criterios de segmentación que definirán el tipo de aumento que recibirá cada usuario.
La audiencia pública más esperada tuvo la exposición oficial más detallada y contó con la presencia del funcionario con mayor peso político en estos tres días. Con Darío Martínez y Federico Basualdo organizando actos paralelos para recorrer obras energéticas, Martín Guzmán le otorgó la potestad de encabezar el encuentro al subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osorio.
El hombre de confianza del ministro se encargó de explicar cada uno de los criterios que determinarán en cuál de las tres nuevas categorías tarifarias encajará cada usuario. Y por lo tanto, el tipo de aumento que recibirán a partir del 1 de junio.
Para ser beneficiario de la Tarifa Social, el mecanismo que bonifica el equivalente al 100% del precio de la energía sobre bloque de consumo y que sufrirá solamente un 21,3% de incremento en todo el 2022, es necesario ser jubilado, pensionado, trabajador de dependencia, monotributista o beneficiario de pensiones no contributivas, que en cualquiera de estos casos cobre menos al equivalente de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles. Es decir, unos $91.080 desde el próximo mes. También podrán pertenecer a esta categoría los titulares de todos los programas sociales, los trabajadores inscriptos en el régimen de monotributo social, los trabajadores incorporados en el régimen especial de casas particulares, los titulares de algún tipo de seguro de desempleo, los titulares de pensión vitalicia, los veteranos de Malvinas, los titulares de certificado de discapacidad y todos los habitantes de barrios populares definidos por el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares reúne información sobre las villas y asentamientos de Argentina).
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Los criterios de exclusión para quedar relegado de esta categoría y pasar a la franja media que tendrá un ajuste tarifario anual del 42,7% son: ser propietario de dos o más inmuebles, ser propietario de un vehículo de hasta 10 años de antigüedad o tener más de un suministro bajo su titularidad.
Finalmente, pagarán tarifa plena sin ningún tipo de subsidio aquellos que tengan ingresos superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales de un hogar tipo dos del INDEC ($313.916 al mes de marzo), que tengan registrados tres o más inmuebles, tres o más vehículos con antigüedad menor a 5 años, aquellos titulares de aeronaves o embarcaciones de lujo, los que estén registrados en urbanizaciones cerradas o countrys y los que habiten en los polígonos identificados por el ENRE dentro del AMBA. Entre los barrios de estos polígonos se encuentran Puerto Madero, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez y una parte de Colegiales, Villa Urquiza, Retiro, Saavedra, Caballito, Villa Devoto, San Isidro y Vicente López (en la zona denominada “el bajo”).
“Actualmente, un millonario recibe el mismo subsidio por metro cúbico de gas que un trabajador. Por eso decimos que es un esquema pro rico. En adelante, vamos a establecer segmentos en que el subsidio esté relacionado con la capacidad de pago y que aquellos sectores de mayor poder adquisitivo dejen de recibir ayuda del Estado para focalizar la misma en los sectores medios y particularmente en los más vulnerables”, afirmó López Osorio.
Según el alfil de Guzmán, el Gobierno terminó eligiendo este esquema de segmentación ya que los criterios basados en el consumo no tienen en cuenta que muchas veces los hogares de menores ingresos consumen más por la ineficiencia energética de sus artefactos y los tipos de materiales de construcción de su vivienda; mientras que, es muy difícil establecer polígonos homogéneos en todo el país que agrupen usuarios con alta capacidad de pago sin cometer errores de inclusión.
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“Gracias a la información de registros administrativos del SINTYS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), realizaremos un cruce de estos datos y el resultado será remitido a las distribuidoras, quienes aplicaran en factura los distintos niveles de subsidio según corresponda los distintos cuadros tarifarios”, agregó López Osorio.
De todos modos, el funcionario reconoció que la metodología escogida puede sufrir errores de exclusión dada la alta subdeclaración o subregistración de bienes existente y, también, errores de inclusión que apuntarán resolver con un formulario de reconsideración que las personas pueden completar para solicitar un mayor nivel de subsidios.
Lo que todavía sigue sin informar el Gobierno son los montos específicos del aumento que sufrirá este sector de mayores ingresos. En la audiencia, los representantes oficiales simplemente destacaron que, como el decil de mayores ingresos destina un 0,9% de sus ingresos al servicio eléctrico y un 2,2% al servicio de gas, los aumentos “no afectarán su bienestar”.
En tanto, el informe de la secretaría sostiene que cada hogar dentro del decil de menores ingresos recibió en todo el año pasado unos $31.817 en subsidios eléctricos y $12.600 en subsidios gasíferos, cuando el decil de mayores ingresos obtuvo $49.000 y $23.300, respectivamente.
