La Secretaría de Energía instruyó al ENRE a denunciar penalmente al Directorio de la distribuidora y pidió elevar al Congreso un informe técnico para evaluar una posible estatización.
La persistencia de los cortes eléctricos a pesar de la baja de temperaturas luego de las lluvias del miércoles colmó la paciencia de miles de usuarios y el Gobierno decidió levantar el tono de confrontación para presionar a la distribuidora Edesur.
Con un escenario de alrededor de 40.000 hogares que siguen sin luz, la Secretaría de Energía instruyó al ENRE a que denunciar penalmente a todo el Directorio de la empresa por malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona.
Al mismo tiempo, le exigió al ente de control que eleve el informe de estado de la concesión a la Bicameral de Seguimiento de las concesiones de servicios públicos a fin de que aconseje si corresponde dar por terminada la concesión en el transcurso de los próximos 90 días.
“Ya es el séptimo día con más de 70 mil personas afectadas. Eso amerita sanciones extraordinarias. Algunas de ellas tienen resarcimiento directo al usuario, pero nuestro esfuerzo está puesto ahora en presionar a la empresa para, ahora que bajó la temperatura, empiece a levantar esos cortes que en muchos casos vienen desde cuatro o cinco días”, indicó el interventor del organismo, Walter Martello.
Tal como especifica Martello, la intención del Ejecutivo es “presionar” a la empresa y demostrar cierto accionar ante la opinión pública, mientras se acerca la llegada del otoño donde se suele normalizar la operación del servicio.
El Gobierno sabe muy bien que, en estos momentos donde la controlante Enel blanqueó su deseo de desprenderse de sus activos en el país, una estatización la beneficiaría totalmente y le daría motivos sobrados para iniciar demandas internacionales ante el CIADI.
“No se quiere dejar ningún flanco abierto ante eventuales demandas judiciales de Enel. Han contratado a un estudio internacional de abogados para litigar ante el Ciadi. No le vamos a dar a Edesur la posibilidad de que litigue con fundamento, vamos a tomar todas las precauciones para que el Congreso, la política en su conjunto, defina qué hacer”, reconoció el interventor.
En esa misma línea, la portavoz del Ejecutivo, Gabriela Cerruti dijo que “es un trámite que se está haciendo con el debido cuidado y a través de los organismos correspondientes para cuidar los intereses del Estado argentino”.
“La forma en la que fueron hechas las privatizaciones, a finales de los 90´, que derivó en la concesión a Edesur del servicio eléctrico por 100 años, implica que puede ser un perjuicio para el Estado tomar alguna decisión sobre este tema”, añadió.
