El gobierno autorizó un incremento del 60% para las transportistas y del 36% para las distribuidoras. El precio del gas de boca de pozo no se modifica.
El gobierno finalmente confirmó en el Boletín Oficial la suba del 20% para las tarifas de gas. La misma tendrá vigencia a partir del martes 1 de marzo e impactará en el bolsillo con el pago de facturas de abril.
Esto constituye un adelantamiento de un mes respecto a las previsiones oficiales que se explica por la urgencia de amortiguar el incremento de los subsidios energéticos que, luego del estallido del conflicto entre Ucrania y Rusia, se descuenta que será imposible de reducir.
Para el segmento de distribución, el ajuste autorizado fue del 36% y quedó algo por debajo de las expectativas de las empresas. En cambio, a las transportistas se les reconoció una actualización del 60% ya que sus tarifas permanecían congeladas desde 2019.
“Gracias a la Ley de Ampliación del Régimen de Zona Fría, aprobada el año pasado, un 35% de los usuarios residenciales (3,1 millones de usuarios o más de 10 millones de personas) registrarán este año un descuento del 28% en la factura
de 2022. Este descuento lo recibirán incluso sobre esta actualización del 20%”, indicaron desde el Enargas.
Por su parte, el precio de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), no registró modificaciones, lo que permitió que el impacto final en la factura sea mucho más acotado.
[Las tarifas deberían subir hasta un 50% para que el Estado no aumente subsidios al gas]
El problema es que se trata del componente que requiere de más subsidios por parte del Estado y, en un año convulsionado como el que se espera con precios internacionales al alza, esta brecha será todavía mayor.
En consecuencia, la actualización tarifaria dada a conocer este miércoles no tendrá prácticamente impacto alguno en la meta de reducción de subsidios que estableció el FMI. El nudo de la cuestión pasa por la diferencia entre el valor de los combustibles importados que afronta el Estado -principalmente GNL- con el precio en el que se comercializa internamente.
Eso mismo fue reconocido por el ministerio de Economía en la última audiencia pública, donde sugirió que, para evitar un incremento de las partidas presupuestarias hacia estos fines, sería necesario un ajuste de entre el 34% y el 49% solamente en el precio del gas. De lo contrario, el mantener invariable el precio del gas como finalmente sucedió, el Tesoro se vería obligado a desembolsar unos 81.000 millones de pesos adicionales.
“Nuestro gobierno ha tomado la decisión de que las tarifas tienen que evolucionar por debajo de los salarios, lo importante es recuperar los salarios de los argentinos. Lo que buscamos es que vuelva a crecer el porcentaje que pueda destinar un usuario a comprar bienes y servicios, ya que eso reactiva la economía y moviliza el mercado interno”, explicó el secretario Darío Martínez para justificar la decisión y agregó un dato que si bien es positivo para la economía, obligará a mayores importaciones que significarán más subsidios.
“La demanda de energía en la Argentina viene creciendo. Diciembre fue el mes de mayor venta de combustible en la historia de Argentina. En enero batimos todos los récords de demanda de energía. También es cierto que está creciendo la producción de gas a pasos agigantados, producto de la gran decisión de haber lanzado el Plan GasAR, que nos ha puesto en un nuevo desafío, poder tener mayor capacidad de transporte. En el día de hoy, estamos lanzando la licitación para la compra de los caños del gasoducto Néstor Kirchner”, dijo.