El contrato está caído y cortado el financiamiento, entra en tensión la cadena de pagos. La incógnita por las fallas geológicas no se resuelve y nadie quiere poner la firma en la nueva adenda.
Las represas hidroeléctricas de Santa Cruz entraron en un limbo de difícil salida. Con un contrato caído que impide continuar con el financiamiento de la obra, los atrasos en pagos a proveedores se multiplican y crecen las versiones de replantear el proyecto.
Luego de las fallas geológicas detectadas y las exigencias de la Corte Suprema por nuevos estudios de impacto ambiental, se hizo necesaria una adenda para modificar del esquema financiero que paralizó el flujo de fondos.
Aún así, los trabajos continuaron. Primero con los desembolsos acumulados que no habían llegado a utilizarse y posteriormente con los fondos públicos que debían cubrir el 15% del costo total.
Cuando ya no hubo dinero al cual recurrir, IEASA reclamó nuevos giros a Jefatura de Gabinete como un adelanto en forma de préstamo y se encontró con un rechazo rotundo de Santiago Cafiero. Ahí la única alternativa para continuar con la obra pasó a ser cargarle el costo de financiamiento a los proveedores, pero tras más de seis meses de atraso en los pagos, la última semana comenzaron una serie de protestas y medidas de fuerza que le pusieron un tope a ese camino.
Con la intervención de la gobernación provincial, se arregló un esquema de pagos y se decretó una veda invernal de dos meses como una salida elegante para frenar las actividades sin mayor conflictividad mientras se evalúa cómo solucionar los problemas de fondo.
Con la carga simbólica que adquirieron las centrales después de que Macri haya intentado darlas de baja sin éxito, está claro que la voluntad del Ejecutivo es avanzar. Lo que parece más complicado es encontrar un funcionario que se haga cargo de la firma de la adenda con todos los interrogantes ambientales que todavía persisten.
“No la quieren firmar ni el Ministerio de Economía, ni la Secretaría de Energía, ni la Secretaría de Asuntos Estratégicos. El tema está generando mucho ruido y se están evaluando cuáles serían los costos de romper”, revelaron a EOL desde el Gobierno.
El eje central es que, al no haber estudios de suelo, no se sabe en qué proporción podrían elevarse los costos del proyecto frente a este escenario de fallas geológicas. “Este proyecto se licitó sin haber hecho los estudios de suelo y así fue que nos encontramos con un sismo que abrió una grieta de dos metros que obliga a correr la ubicación de la presa. Eso ya incrementaría los costos entre 300 y 400 millones de dólares, pero tampoco se sabe si el suelo está apto en la nueva ubicación. Desde el punto de vista ingenieril se puede resolver, pero no sabes cuánto tenés que cavar para encontrar la tosca, que es la roca donde te apoyás para hacer la estructura de hormigón. Queda demasiado abierto el costo de la obra, te puede terminar saliendo el doble o el triple como pasó con Yacyretá”, explica a este medio un consultor que participó en la planificación de las represas.
De todas maneras, el escenario más factible que ven en el Gobierno es el de la continuidad. Además de la identificación que tiene el proyecto con la gestión de Cristina Kirchner y la derrota política que significaría darlo de baja, están las consecuencias de un conflicto diplomático con un socio estratégico como China. “Cuando Macri quiso cancelar el contrato le recordaron los montos de los swaps con el Banco Central y tuvo que dar marcha atrás”, rememoran.
Hasta el momento, las obras tienen un avance de sólo el 22% y de resolverse el escollo contractual, faltarían desembolsarse unos 3.000 millones de dólares adicionales.
