Buscarán aplicar un nuevo aumento que permita alcanzar el 80% del Coeficiente de Variación Salarial, lo que duplicaría la pauta inicial.
El gobierno anunció el cierre definitivo de las negociaciones con el FMI. Como anticipó este medio, la política energética tuvo un aspecto central en el acuerdo y tras la disparada en los precios internacionales a raíz de la guerra en Ucrania, Alberto Fernández terminó cediendo ante las peticiones de Washington de un mayor ajuste tarifario.
De acuerdo a lo pactado con el FMI, se convocará a una nueva audiencia pública en el mes de abril para no tener impedimentos legales que obstaculicen el segundo incremento que se buscará aplicar a mitad de año.
Esta audiencia trazará un sendero para el bienio 2022-2023 con “una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque los esfuerzos del Estado Nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago”, según consta en el documento oficial publicado este jueves.
A su vez, esta segmentación contemplará tres niveles. En primer lugar, los usuarios de mayor poder adquisitivo, que rondarían el 10% del total, “dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago”.
En contraposición, los usuarios beneficiarios de la tarifa social afrontarán un incremento total en su factura para cada año calendario equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior. Dado que este número tuvo una evolución del 56,5% en 2021, las tarifas para este grupo aumentarían un 22,6% durante 2022.
Finalmente, para el mayor porcentaje de los usuarios residenciales, el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior, lo que daría un 45,2%. Es decir, más del doble de la promesa inicial del oficialismo.
[Alberto da un giro y reconoce que las tarifas podrían subir más del doble que lo anunciado]
La propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.
Paralelamente, se desarrollará un plan energético de mediano plazo que incluirá acciones tendientes a: “incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable; reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza; mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso; fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos; y asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor, y de manera más predecible, los costos mayoristas del gas y la electricidad”.
Este último punto es central, ya que reconoce que la estrategia a mediano plazo es que el Estado deje de subsidiar las tarifas por completo para que la totalidad de los costos sea afrontada por los usuarios.
Otro aspecto importante del comunicado del Ministerio de Economía es el compromiso de aplicar un ajuste fiscal mayor para compensar el incremento de los precios internacionales de la energía que, lógicamente, impedirán reducir sustancialmente los subsidios como se pensaba en un primer momento.
“Atendiendo la gran incertidumbre en los mercados energéticos mundiales y el impacto de la evolución global de los precios de la energía, el Gobierno está comprometido en procurar el logro de nuestros objetivos económicos y fiscales más amplios”, sostiene el documento.
