British Petroleum, Shell y Equinor ya anunciaron su retiro de los principales campos petrolíferos rusos en los que estaban invirtiendo. El nexo entre la elite política europea y las firmas estratégicas de Putin.
La rápida salida de Rusia de tres grandes petroleras globales es apenas una señal del entramado económico que deja al descubierto la guerra. Los anuncios de British Petroleum, Shell y Equinor dejan entrever no sólo la dependencia energética europea sino además una red de negocios donde altos funcionarios europeos como el excanciller alemán Gerhard Schroeder forman parte de los directorios empresas estratégicas para el gobierno de Vladimir Putin.
La primera en anunciar su salida fue BP. Sus ejecutivos argumentaron que, debido a la invasión rusa a Ucrania, la empresa desinvertirá en Rosneft, uno de los gigantes energéticos rusos. BP posee el 19,75% de las acciones de Rosneft con un valor de marcado de unos 25.000 de dólares. Los anuncios no dejaron claro de qué manera se realizará la desinversión y cuáles serán las consecuencias en el corto plazo para una empresa cuya participación rusa le daba la mitad de sus reservas totales de petróleo y gas y, en la actualidad, un tercio de su producción.
Horas más tarde, la estatal noruega Equinor realizó un anuncio similar. La segunda productora europea de gas y petróleo bombeaba desde Rusia unos 25.000 barriles de petróleo diarios. Sus proyectos en alianza con Rosneft incluyen desarrollos en Komsomolskoye, en Chechenia. En 2020 había anunciado la inversión en el área Danilovsky, Siberia, una inversión que los analistas por entonces estimaron arriesgada. Noruega mantiene desde 2014 la prohibición de que sus empresas colaboren en la exploración en el Mar de Barents, pero nada decía de otros espacios rusos.
La posición adoptada por BP y Equinor generó presiones sobre los directorios de la neerlandesa Shell y la norteamericana ExxonMobil, que lideran proyectos de extracción en el Ártico. El anuncio de Shell llegó. Desinversión en proyectos de petróleo y gas del orden de los 3.000 millones de dólares.
Desde la caída del Muro de Berlín, los gigantes globales apuntaron sus cañones a las reservas rusas. Rex Tillerson, que iba a ser Secretario de Estado durante el gobierno de Donald Trump, firmó en 2011, cuando aún era CEO de ExxonMobil, un acuerdo con Rosneft para la exploración y extracción de petróleo en el Ártico. Sólo en su proyecto Sakhalin 1 produce 200.000 barriles diarios y 22 millones de metros cúbicos de gas.
El operador del proyecto Sakhalin I es Exxon Neftegas Limited, subsidiaria de ExxonMobil, que tiene un 30% de la participación. Sus socios estratégicos son la japonesa SODECO (30%) y la estatal india ONGC Videsh Limited (20 %). El Gigante ruso Rosneft posee el otro 20% a través de sus filiales RN-Astra (8,5%) y Sakhalinmorneftegaz-Shelf (11,5%).
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La neerlandesa Shell es parte de Sakhalin-2. Su web informa: “Es uno de los proyectos de petróleo y gas integrados y orientados a la exportación más grandes del mundo, así como el primer proyecto de gas en alta mar de Rusia. La infraestructura incluye tres plataformas en alta mar, una instalación de procesamiento en tierra, 300 kilómetros de oleoductos en alta mar y 1.600 kilómetros de oleoductos en tierra, una terminal de exportación de petróleo y una planta de gas natural licuado (GNL)”. Gazprom posee el 50 % de las acciones y el control del proyecto. Shell el Shell 27,5% y las japonesas Mitsui y Mitsubishi el 12,5 y 10% respectivamente. La capacidad de producción es de 200.000 barriles de petróleo diarios y 9 millones de toneladas de GNL anuales. Sumados, ambos proyectos de las empresas globales en Sakhalin superan la producción petrolera de Australia o igualan la cantidad de petróleo producida por Argentina.
Shell también financió con unos 1000 millones de dólares el proyecto NordStream2, cuya autorización denegaron las autoridades alemanas cuando la invasión rusa a Ucrania era inminente. Del consejo de administración de NordStream2 aún forma parte el ex canciller alemán Gerhard Schroeder, quien desde 2017 preside, además, el consejo de vigilancia del gigante Rosneft y fue nominado, recientemente, para ocupar un cargo similar en Gazprom.
Claro que no es el único ex alto funcionario europeo que participa o participaba de la dirección de empresas estratégicas rusas. En los últimos días renunciaron a sus puestos en empresas ligadas al gobierno de Vladimir Putin los ex jefes de gobierno de Italia, Matteo Renzi, de Finlandia, Esko Aho y de Austria, Christian Kern.
Aho, primer ministro entre 1991 a 1995, formaba parte de la junta directiva de Sberbank, uno de los principales bancos rusos. Renzi, primer ministro italiano entre 2014 y 2016, ocupaba un puesto en el board de Delimobil, una aplicación que ofrece servicios de transporte individual con más de 7 millones de usuarios. Christian Kern, que gobernó Austria entre 2016 y 2017, integraba el consejo directivo de la empresa de ferrocarriles estatales rusos. Otro excanciller austriaco, Wolfgang Schüssel, aún forma parte de la petrolera más grande de Rusia: Lukoil. Sigue en su cargo. Se excusó diciendo que Lukoil es una empresa privada que cotiza en la bolsa de Londres.
En 2014, tras la invasión rusa a Crimea, la Unión Europea y Estados Unidos prohibieron a las empresas con base en sus países continuar con la actividad petrolera en el Ártico. ExxonMobil pidió entonces a la administración de Barak Obama una prórroga de un par de semanas. Comunicaron que necesitaban ese tiempo para cerrar un pozo potencialmente peligroso en Universitetskaya, en el mar de Kara. En ese lapso la empresa descubrió un enorme campo de 2.700 millones de barriles de petróleo y gas. La magnitud del descubrimiento no alcanzó para romper el cerco. Las presiones políticas la obligaron a retirarse. El proyecto fue retomado por Rosneft en 2020. Al nuevo campo lo bautizaron Pobeda o Victoria.
Un informe del GP Morgan indica que las empresas norteamericanas con presencia directa en Rusia podrían sufrir consecuencias en sus desempeños bursátiles este año. El listado incluye a ExxonMobil. “La tensión entre Rusia y Ucrania es un riesgo de ganancias bajas para las empresas estadounidenses”.
