El ENRE formalizó el pedido a la Justicia en una ampliación de fundamentos de la denuncia de la semana pasada.
La pelea entre el Gobierno y Edesur pega una nueva escalada que incluye una cautelar para que los directivos de la distribuidora no puedan salir del país. En una ampliación de los fundamentos de la denuncia contra el directorio de la empresa, que fue presentada la semana pasada, esta vez, el ENRE solicitó esta restricción para “evitar que los mismos se sustraigan de comparecer a derecho en la presente investigación”.
Más precisamente, la presentación judicial pide la prohibición de salida del país de Juan Carlos Blanco, Francesco Tutoli, María Alejandra Martínez, Víctor José Díaz Bobillo, Mónica Diskin, Giovanni Zanchetta, Jaime Barba, Alejandro Martínez y Valter Moro.
Como justificación, se menciona la reciente intervención mediante la Resolución 307 que puso a cargo del control y la fiscalización administrativa al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, en una jugada para darle mayor volumen político a la supervisión estatal.
“La traba de esta medida cautelar responde a cuestiones de raigambre constitucional y legal y en vista de evitar la impunidad de un hecho injusto donde los afectados fueron miles de personas que se vieron y muchos de ellos al día de hoy se ven impedidos de poder hacer uso de la energía eléctrica que debería haber brindado sin ningún tipo de impedimento la empresa concesionaria Edesur”, sostiene el documento.
En el mismo sentido, el interventor del ENRE agrega que si bien los directivos todavía no han sido imputados o indagados, “son personas de alto poder adquisitivo que tienen todos los elementos y posibilidades a su alcance para poder irse del país y sustraerse del alcance de la justicia y de estar a derecho como así corresponde ante la apertura de una investigación judicial”.
“Digamos que la medida de aseguramiento preventivo que aquí se trata se endereza a lo dispuesto en el art.23 del CP (Código Penal), una medida cautelar que prevé obstaculizar cualquier intento de un individuo para lograr la impunidad, resultando ser una medida razonable tendiente a procurar la sujeción del sujeto al proceso judicial y evitar el riesgo de que en este caso los denunciados puedan frustrar el accionar de la justicia, ausentándose del país”, detalla.
