El Enargas dio a conocer los aumentos para cada distribuidora que empezarán a regir desde septiembre y se aplicarán en cuotas bimestrales. Se esperan novedades inminentes en electricidad.
La segmentación tarifaria del gas natural quedó confirmada con la publicación de los nuevos cuadros tarifarios en el Boletín Oficial. Según el Enargas, la suba promedio del 167% en el precio del gas tendrá un impacto en la factura que variará entre el 90% y el 107% según la categoría, siempre dentro del sector de altos ingresos al que se le quitarán los subsidios.
De este modo, la categoría más baja -R1- deberá abonar $132 más a partir de septiembre, la R2-1 pagará $256 adicionales, la R2-2 $371, la R3-1 $504, la R3-2 $604, la R3-3 $709 y la R3-4 $1.538.
Estos valores corresponden apenas a la primera cuota bimestral que regirá desde septiembre y equivale solamente al 20% del incremento total. Otro 40% se cargará dentro de dos meses y el 40% restante a fin de año.
Por otro lado, al tratarse de cifras referidas a consumos en meses de baja demanda por las altas temperaturas, es esperable que cuando comience el invierno del 2023 estos números sean mucho mayores, sin contar con otro esperable ajuste del Gobierno para cumplir con el acuerdo del FMI.
El ente regulador comunicó a las distribuidoras que, para evitar atrasos de aplicación en el transcurso de adecuación de sus sistemas, tendrán la posibilidad de retroactividad al 31 de agosto más allá del día que tengan lista la facturación.
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Finalmente, el Enargas se anticipó a un posible conflicto a futuro y adelantó que convocará a una audiencia pública, un problema que también existe en la electricidad por violar el decreto que establecía que las subas no debían superar el 80% del Coeficiente de Variación Salarial, entre otras inconsistencias que podrían derivar en reclamos judiciales.
Se espera que la confirmación en materia eléctrica se oficialice en los próximos días y tenga un perfil similar al del gas natural, mientras terminan de ultimarse detalles en las negociaciones con las distribuidoras provinciales.
En este caso, habría unos 6 millones de hogares a los que se les quitarán los subsidios de un universo de 15 millones. Es decir, alrededor de un 40%, cuando el Gobierno estimaba en un principio afectar solamente al 10% de la población con mayores ingresos.
Este marco le permite al Ejecutivo un ahorro fiscal muchísimo mayor al previsto, aunque enciende una alarma del impacto social que causaría el cobrarle tarifa plena a usuarios que no se anotaron en la segmentación no por no necesitar los subsidios, sino por no haberse enterado o no haber tenido las herramientas para anotarse.
Es por eso que las subas serán progresivas para ver si con la primera factura muchos usuarios acuden a las oficinas de Anses a reclamar, y así, pueden solucionarse estos errores de inclusión y exclusión, como se los conocen en la jerga del sector.
