La medida apunta específicamente a Edenor y Edesur, que le deben más de $200.000 millones a Cammesa. Habrá un plazo de 90 días para calcular los nuevos cuadros.
Como anticipó EOL, el 2023 vendrá con aumentos tarifarios que excederán los anunciados en la segmentación tarifaria. Además de la quita de subsidios para aquellos que califiquen como de altos subsidios, para los que no se hayan anotado en el RASE y para los que consuman más del tope establecido dentro de los segmentos medios, también habrá un ajuste en el VAD.
Sucede que el tramo correspondiente a transporte y distribución acumula un atraso considerable que ocasiona un enorme endeudamiento con la mayorista de control estatal Cammesa.
Mientras la inflación acumulada por el Gobierno de Alberto Fernández supera el 200%, las distribuidoras reguladas por el ENRE recibieron apenas un 8% de aumento este año y un 21% en 2021.
Acá se encuentran englobadas particularmente Edenor y Edesur, ya que las firmas provinciales son reguladas por cada uno de sus distritos y reciben mayores incrementos para evitar tener que repartir subsidios.
[Royón anticipó cómo serán los aumentos de tarifas del 2023]
En cambio, las dos grandes que tienen concesiones en el AMBA no reciben ni subsidios ni incrementos de tarifas, por lo que deben financiarse con Cammesa para poder operar. En ese sentido, en estos momentos mantienen una deuda superior a los $200.000 millones.
“Se establece un plazo no mayor a 90 días para realizar las revisiones tarifarias integrales correspondientes a las empresas distribuidoras eléctricas del área metropolitana de Buenos Aires. Dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales deberán publicar, en un periodo no mayor a 90 días, cuadros tarifarios que permitan a los distribuidores cumplir con las obligaciones resultantes del párrafo anterior”, sostiene el Presupuesto aprobado por Diputados.
Dentro de ese período, se supone que el Gobierno deberá convocar a audiencias públicas para que los ajustes tengan vigencia desde principio del 2023 y empiece a correr el plazo de ocho años otorgado a las distribuidoras para que salden sus deudas a partir del cobro de estos ingresos adicionales.
