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Electrificar el parque automotor de Estados Unidos, entre el deseo y la realidad

La meta es que la flota de camiones sea mayoritariamente eléctrica, pero hay mucho que hacer e invertir en infraestructura y cadena de suministros.

Los objetivos de reducción de las emisiones, impulsados recientemente por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por su sigla en inglés), plantean un escenario de “camiones limpios” para el mediano plazo, buscando lograr que por lo menos dos de cada tres vehículos vendidos en ese mercado sean eléctricos para 2032.

A menos de una década de ese plazo, el desafío parece muy complejo. En especial esto tiene que ver con una cuestión de costos, dados los ingentes recursos que serán necesarios para mejorar la infraestructura vial, la producción de vehículos pesados y ampliar las cadenas de suministro y abastecimiento de energía para uso vehicular.

En este escenario, hoy todas las miradas se centran en el sector de vehículos medianos y pesados, dado que en el país del norte el transporte de cargas representa sólo el 5% de los vehículos en las rutas, pero explica el 30% de las emisiones de gases que generan el efecto invernadero.

“Arrojan contaminación al aire que daña desproporcionadamente a las personas que viven y trabajan cerca de carreteras, puertos, centros de distribución y otras áreas de mucho tráfico”, precisó el portal Canary Media, especializado en energías limpias, sobre el impacto en el ambiente.

Motor de cambio

Analistas consideran que el futuro de la electrificación en Estados Unidos es promisorio, a partir de los requerimientos y estándares muy exigentes de emisiones que propone la EPA.

Las reglas de “Camiones limpios avanzados” a nivel nacional y los incentivos que ofrece la Ley de Reducción de la Inflación, impulsada por el gobierno de Joe Biden, son las poleas de transmisión de una dinámica que se avizora en el parque automotor estadounidense, en línea con la tendencia global a la electrificación.

Pero el cambio no será fácil, en especial por el costo que supone. Hoy el parque de vehículos eléctricos representa apenas el 5,8% del total, informa el portal Oilprice.com, y el transporte de cargas es la mayor fuente de emisiones de dióxido de carbono, un dato no menor en un país que ostenta la segunda mayor huella de carbono detrás de China.

Transición a vehículos eléctricos

Sin dudas, cambiar la tendencia exigirá realizar grandes inversiones para ampliar la infraestructura de transporte de cargas, acondicionar la red para el mayor flujo de vehículos eléctricos y la demanda de electricidad y puestos de carga, así como fortalecer el suministro de materias primas esenciales (cobre, litio, etc.).

Los analistas estiman que los servicios públicos debieran cumplir un rol clave en esta realidad que ya es más presente que futuro. Sin embargo, no hay consenso sobre quién debe pagar esta modernización de la infraestructura.

Y aquí subyacen las dudas en relación a si estas inversiones deben financiarlas los consumidores o, por el contrario, ser las empresas de servicios públicos, , y específicamente los operadores de vehículos pesados, los que tendrán que adelantar esos fondos para luego recuperarlos con la operación.

Un informe del Environmental Defense Fund (EDF) parece tener la respuesta, al propiciar que deben ser los consumidores los que paguen esa “factura”. Aunque con una aclaración: podrían hacerlo sin tener que pagar más, siempre y cuando la transición se gestionara en forma adecuada, o sea sin aumentos en las tarifas actuales.

“Es beneficioso para las flotas, beneficioso para las empresas de servicios públicos y beneficioso para los contribuyentes, si se hace bien”, sostuvo Canary Media a Pamela MacDougall, directora de modernización de la red en EDF, citado por Oilprice.com.

Es un camino que recién comienza pero que no tiene vuelta atrás. La tendencia a la electrificación de autos y camiones medianos y pesados es una realidad y habrá que lidiar con ella, pero en el medio hay que prepararse, y desembolsar millones de dólares para poner la red y la infraestructura en condiciones de desarrollar el potencial del sector. Es un debate que en Argentina aún no se está dando, producto de la coyuntura, pero más temprano que tarde, entrará en la agenda.