Busca reducir las emisiones, pero los críticos afirman que se esconde una suerte de proteccionismo, mientras se dispararon los precios de la energía.
Casi al mismo tiempo en que Lionel Messi, Ángel Di María y sus nueve compañeros de la Selección Nacional saltaban al campo de juego del Estadio Lusail el domingo pasado a la mañana en Doha, para disputar la final de la Copa del Mundo con la Francia de Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, los países de la Unión Europea avanzaban un acuerdo inédito sobre un impuesto fronterizo al carbono.
Es el primero en el mundo y establece una suerte de penalización a los importadores por las emisiones de carbono en su proceso de producción. Pero tan pronto como trascendieron detalles del acuerdo, los principales socios comerciales del bloque alzaron sus voces asegurando que, en verdad, lo que se busca es levantar barreras comerciales.
El argumento de sus impulsores es que la trazabilidad de la producción industrial libre de carbono es un factor determinante para el cumplimiento de la meta de carbono neutro (net zero) para 2050. El primer paso es reducirla para 2030 al menos 55% del nivel que tenían en 1990.
De esta manera, quien quiera comerciar con cualquier país de los 27 que integran el bloque deberá contemplar esta normativa.
Mirada alternativa
Sus detractores señalan que un impuesto al carbono es una forma de proteccionismo de la industria europea, que en algunos sectores es mucho menos competitiva que la de otros países.
Estados Unidos y Sudáfrica, que se anotan entre los mayores socios comerciales de Bruselas, temen tener que enfrentar una competencia desleal con terceros países.
El mecanismo es así: adecuar los procesos para ingresar a la UE respetando una reducción en las emisiones o pagar el impuesto, tiene un elevado costo. Pero hay países que no asumirán ese costo y simplemente derivarían sus productos a precios más bajos a terceros mercados como el norteamericano y otros, por lo que las empresas de esos países tendrán una “competencia desleal”.
Sin embargo, ésta es una discusión que involucra también al sector energético global. En el contexto de la suba de los precios del petróleo y el gas por las sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y otros países occidentales, empresas industriales europeas buscan trasladarse a países donde puedan reducir el costo de la energía.
Proteccionismo siglo XXI
Algunos críticos del impuesto al carbono en frontera sostienen que es una manera de proteger a esas industrias menos eficientes, evitando así que transnacionalicen sus operaciones.
“Este impuesto al carbono es sólo otro acto de automutilación por parte de la UE. Primero, sus políticas aumentaron los precios de la energía, ahora necesitan proteger las mismas industrias de alto consumo de energía que la UE ha llevado a la extinción. ¿Qué es más noble que hacer esto bajo el pretexto de la administración ambiental?”, señaló Gal Luft, codirectora del Instituto para el Análisis de la Seguridad Global con sede en Estados Unidos y asesora principal del Consejo de Seguridad Energética de Estados Unidos, al portal ruso Sputnik.
El acuerdo cubriría en una primera instancia a industrias electro intensivas como acero, hierro, aluminio, cemento, fertilizantes, generación eléctrica e hidrógeno, pero recién entrará en vigencia en 2026. Sin embargo, las inversiones hay que hacerlas hoy porque lleva un tiempo de preparación.
Los países europeos aprobaron el acuerdo en forma provisional el pasado martes 13, pero avanzaron en los detalles de la implementación el domingo temprano, mientras el mundo entero se sentaba frente al televisor para ver la final del Mundial Qatar 2022.
Así, los reguladores ambientales y los ministros de todos los países del bloque europeo firmaron la introducción del Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono (CBAM). Es una herramienta que obligará a los importadores extranjeros a cubrir el costo de sus emisiones de carbono. Ahora resta que los miembros del Consejo Europeo acuerden formalmente su implementación, para lo que deberá ser aprobado como ley del bloque por el Parlamento Europeo antes de 2026.
