EOL conversó con el presidente del ente regulador provincial, quien explicó la medida cautelar dictada para que la distribuidora local se abstenga de modificar la facturación.

El plan de segmentación tarifaria nacional sufrió un nuevo revés que complica aún más su implementación. Cansadas por la falta de certezas del plan oficial, las provincias empiezan a tomar medidas para resguardarse de una quita repentina de subsidios y obligan a una negociación que extendería los plazos de aplicación de la normativa.
En un caso testigo que podría ser imitado por el resto de las provincias, el ente regulador de Salta dictó una medida cautelar “de no innovar y ordenar a la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta Sociedad Anónima (EDESA S.A.) se abstenga de modificar la facturación de los usuarios del servicio de energía eléctrica y de aplicar a su respecto criterios automáticos de afectación económica que encuentren causa en el nuevo régimen de segmentación tarifaria implementado sobre el rubro abastecimiento, hasta tanto se verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas por el Decreto N° 332/22 del Poder Ejecutivo Nacional; la Resolución N° 467/2022 de la Secretaría de Energía de la Nación y la Disposición 1/2022 de la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación”.
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En concreto, exigen que se firme un convenio tal como lo expresa la Resolución de la secretaría de Energía, que se fijen los padrones de usuarios según cada categoría, que se reglamente el precio estacional, que se excluya a los beneficiarios de tarifa social de realizar trámite alguno y que se garantice la accesibilidad del trámite para el resto de los segmentos.
“Queremos llevar tranquilidad a los 369.000 usuarios de energía eléctrica que no se modificarán las tarifas hasta que no existan garantías plenas para los usuarios. Sostenemos que no corresponde hacer caer masivamente los subsidios para obligar a cada ciudadano a recuperarlo mediante trámites complejos”, indicó el presidente del ente, Carlos Saravia.
En diálogo con EOL, Saravia explicó el temor de la provincia de que “si nosotros no parábamos esto, podían mandar otro esquema por Cammesa y la distribuidora lo tenía que replicar al usuario producto del pass through”. “Con la misma filosofía ellos podían bajar subsidios masivamente sin audiencia pública y sin tener que hablar con la provincia”, agregó.
La preocupación radica en la realidad socio económica del distrito norteño donde muchísimos usuarios de bajos ingresos no cuentan con internet ni están cerca de grandes centros urbanos para poder realizar el trámite que pida el restablecimiento de los subsidios.
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“Salta no es CABA. En algunas zonas como Tartagal o en Oran tenemos 70% de pobres y no hay internet. Cómo le vamos a pedir al sector pobre salir a hacer un trámite por internet si no tiene. Además, de los 145 pueblos o ciudades, el Anses sólo tiene 12 dependencias. Obligarían a la gente a que tenga que hacer grandes viajes hasta la zona urbana más cercana con oficinas de atención”, subrayó el funcionario.
La provincia se ampara en el artículo 42 de la Constitución Nacional que exige información adecuada y veraz para el consumidor y en el hecho de que son las provincias las que han firmado los contratos de concesión con las distribuidoras eléctricas.
“Nosotros estamos para colaborar, pero no vamos a decir que sí a todo. Yo fui el primero que instrumenté la segmentación socio-económica para el servicio de distribución. Lo hicimos en 4 días con los informes del SYNTIS, cuando ellos llevan dos años hablando del tema. Hay que mostrar un poco más de responsabilidad”, señaló Saravia.