“Estamos revisando el sistema de subas”, señaló y confirmó que habrá un ajuste general de tarifas de acuerdo a la actualización salarial.
El inicio de la campaña electoral empezó a modificar la política energética del Gobierno. Si el discurso presidencial de apertura de sesiones del Congreso fue la primera muestra, Alberto Fernández terminó de confirmarlo en una entrevista con C5N, en la que adelantó cambios en el sistema de actualización de precios de los combustibles.
“Estamos revisando el sistema de subas de combustibles para que no sea un goteo que lo haga subir todos los meses”, señaló en referencia a los aumentos ininterrumpidos que vienen registrándose desde agosto del 2020.
En ese sentido, reconoció el impacto del movimiento de precios en surtidor sobre la inflación, que casualmente volvió a repuntar en el segundo semestre del año anterior. “Hay un problema psicológico en la Argentina que aumentan los combustibles y aumenta todo”, dijo el presidente.
Sus palabras se suman a las declaraciones de Federico Bernal, titular del Enargas y hombre de confianza de Cristina Kirchner en el ámbito energético, quien sostuvo que el nuevo presidente de YPF “tiene otra mirada respecto de los aumentos de combustibles” y que “está muy preocupado por el impacto de los combustibles en la economía nacional”.
Por otro lado, Fernández confirmó que tiene decidido el criterio de ajuste para el otro gran componente energético que influye de manera determinante en el Índice de Precios al Consumidor (IPC): las tarifas.
“He pedido que haya una ley que declare la emergencia tarifaria y me autorice a aumentar tarifas con algún limite. Yo he pensado, por ejemplo, en un porcentaje equis del aumento salarial. De modo tal que las tarifas nunca estén por encima del aumento de salarios”, dijo.
Según sus palabras, este incremento se daría de manera general y en la misma proporción para todos los sectores sociales “tan pronto lo apruebe el Congreso”, es decir, que dados los tiempos parlamentarios, podría llegar a anunciarse en el mes de abril.
Para una segunda etapa, quedaría el tan mencionado sistema “segmentado” de acuerdo a los ingresos de la población, que en un principio se dijo que sería muy fácil de aplicar gracias a la información que proporcionó la pandemia, pero ahora se espera que demore no menos de “7 u 8 meses”. “Mi objetivo final es poder discriminar tarifas. Yo creo que el Estado debe seguir subsidiando a los sectores más relegados. Pero lo que queremos es que llegue a ellos, no a todos. Si no se beneficia gente que podría pagar la tarifa en pleno”, ratificó.
