El interventor del Enargas dijo que hay que esperar a lo que resulte de la Audiencia Pública para hablar de un incremento. Entiende que antes de que el Estado traslade un costo a la población, habría que preguntarse si puede soportarlo.
Las rispideces dentro del oficialismo en torno a la política de tarifas se hacen cada vez más notorias y la mesa chica de toma de decisiones ya no parece ni tener el más mínimo deseo de ocultar las diferencias respecto al modo en que debe llevarse a cabo la actualización de tarifas próxima.
Federico Bernal, interventor del Enargas, dijo en una entrevista a Perfil que el gas, al ser servicio público, no es una mercancía sino un derecho social y, en un claro mensaje al ministro de Economía, Martín Guzmán, remarcó: “la energía y los servicios públicos de la energía no están hechos para contribuir al superávit de la balanza comercial, no es objetivo de la política energética que el déficit fiscal sea el menor posible o que haya superávit fiscal, por aporte de la energía”.
Desde hace varios meses que el ministro de Hacienda hace referencia a la cautela que debe tener el Gobierno alrededor de los subsidios, sobre los que, a principios de febrero, había subrayado que el hecho de que “el Estado nos subsidie a nosotros buena parte de la tarifa significa que se paga de alguna forma”.
Precisamente en este punto es en el que no coinciden Guzmán y Bernal –dos figuras con la particularidad de tener un vínculo estrecho con Cristina Fernández de Kirchner–, en el hecho de que el primero enmarca a las tarifas dentro de un esquema macroeconómico y el segundo, no. En este sentido, Bernal dijo que, piensa a la energía “no como una cuestión macro o de balanza comercial”. Y agregó que “yo como Estado te voy a ayudar si vos no podes. Lo que como Estado no voy a hacer es trasladar a la ciudadanía el costo. Hay que tener en cuenta cómo está la población para soportar el costo que yo quiera trasladar”.
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En vínculo con los dichos de Guzmán, Bernal dijo: “Yo cuido que se cumpla con el marco regulatorio. Y las tarifas a la única ley que tienen que ajustarse es a la 24.076”.
Por lo pronto, lo que se sabe con certeza es que el fin del congelamiento tarifario es el único aspecto en el que coinciden todas las partes y que, el próximo 16 de marzo, habrá una Audiencia Pública de la cual deberá surgir el monto en que se actualizarán las tarifas.
Reconociendo que las distribuidoras tendrán que hacer un “gran esfuerzo” este año. De cara a la Audiencia Pública, “nosotros hemos transmitido que no van a poder tener reparto de dividendos este año”, anticipó.
Después de que la Secretaría de Energía diera a conocer que la tarifa de gas debería aumentar un 35% de modo de que no lo hagan los subsidios, el titular del Enargas sostuvo que “nadie va a hablar de aumentos hasta tanto no ocurra la audiencia pública, porque si no vamos a hacer lo mismo que Aranguren: fijar de antemano aumentos en función de las necesidades de las empresas o de las empresas y el Gobierno”.
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A su vez, remarcó que es “totalmente” posible un escenario de tarifas “justas y razonables” sin que incrementen los subsidios, “pero tenés que ver los componentes de la tarifa: precio del gas, transporte y distribución. En cuanto a transporte y distribución, si bien se decidirá en la audiencia pública, yo le dejé bien claro al ministro cuál es lo mínimo para que el servicio pueda brindarse. Si no se da vía tarifa, hay que subsidiarlo. Pero solo lo que es transporte y distribución”.
El tercer componente, el precio de gas, “es una decisión de la Secretaría de Energía y de lo que se decida subsidiar de precio del gas. El precio del gas en los contratos que yo recibí está congelado”.
