Se acordará un plan de pagos accesible para que las distribuidoras cancelen sus deudas con Cammesa y se buscará reducir los costos de la generación para no tener que efectuar aumentos tan elevados.
Despejado el lanzamiento del Plan Gas, la atención de la secretaría de Energía pasó rápidamente al sector eléctrico, donde los principales jugadores hablan de una situación crítica en la que se observa una “ruptura total de la cadena de pagos”.
Como explicó EOL, la principal prioridad de Darío Martínez al asumir la cartera fue terminar la conformación del programa de estímulos a la producción nacional de gas por la creciente amenaza de tener que importar volúmenes récord de GNL durante el próximo invierno.
Fue así que recién la semana pasada presentó a su equipo de subsecretarios y empezó a planificar una estrategia para sanear al mercado eléctrico. Luego de varias reuniones con los diferentes actores del segmento, el neuquino parecería tener definidos sus próximos pasos.
Las deudas con Cammesa
En primer término, se buscará regularizar las deudas de las distribuidoras con Cammesa que, a raíz de la morosidad desatada por la pandemia, ascendían a niveles preocupantes y limitaban la capacidad de la mayorista estatal de hacer frente a sus obligaciones con las generadoras.
“El secretario tiene claro que hay una ruptura definitiva en la cadena de pagos, pero la idea es tratar de no utilizar subsidios para reconstituir la cadena”, señaló a este medio el presidente de la cooperativa Calf, Carlos Ciapponi, quien recientemente tuvo un encuentro con el titular de Energía.
Si nosotros cobráramos todo lo que nos deben, no sólo no tendríamos deudas sino que nos quedarían 400 millones a favor
Carlos Ciapponi
Para ello, se reglamentará el plan de pagos contemplado en el Artículo 87 de la Ley de Presupuesto 2021 cuando este sea aprobado por el Congreso en los próximos días. De acuerdo al proyecto, se podrán reconocer créditos equivalentes hasta a cinco veces la factura media mensual del último año o el 66% de la deuda existente.
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A su vez, el esquema de pagos estará dividido en sesenta cuotas con seis meses de gracia y una tasa de interés equivalente de hasta el 50% de la vigente en el Mercado Eléctrico Mayorista.
En ese marco, la secretaría va a intervenir como garante para dar seguridad jurídica y podrá otorgar otros beneficios como posibles quitas de capital dependiendo de las inversiones ejecutadas en los últimos tres años, el origen de la deuda, las características de los usuarios de cada distribuidora, la calidad del servicio y la administración de los fondos que recaudó cada distribuidora.
“Por ejemplo, tenemos algunas distribuidoras en el país, naturalmente las de mayor tamaño, que han hecho transferencia de activos al exterior, entonces de ninguna manera alguien que haya hecho una transferencia de activos, justifica no haber pagado una deuda a Cammesa”, sostuvo Ciapponi.
La morosidad de los usuarios
Dado que la iniciativa contempla la regularización de las deudas de las distribuidoras hasta el 30 de septiembre, si no se toma una decisión para recomponer los futuros ingresos de las empresas, en pocos meses se habrá llegado al mismo punto de crisis que se manifiesta en la actualidad.
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El paso evidente en esa dirección es aplicar un plan de pagos similar para que los usuarios también puedan ponerse al día. “Los contratos de concesión hoy no me lo permiten, pero haciendo una modificación podemos ofrecer un plan de 24 cuotas para recuperar ese dinero que tenemos en la calle. Si nosotros cobráramos todo lo que nos deben, no sólo no tendríamos deudas sino que nos quedarían 400 millones a favor”, destacó Ciapponi.
Corrección tarifaria
Lógicamente, el segundo elemento para mejorar los ingresos de las distribuidoras es actualizar los valores de las tarifas de luz, algo que Martínez ya avisó que se llevará a cabo cuando venza el congelamiento en el mes de diciembre.
Sin embargo, los tarifazos de Macri ya demostraron que el esfuerzo de los ciudadanos no garantiza por sí mismo la cobertura de los costos del sistema si no se mejora su ineficiencia. Según destacan en el gobierno, la dolarización de los contratos de generación eléctrica durante la gestión anterior llevó a una sobre remuneración que no tenía mayores explicaciones.
En ese sentido, en el inicio del 2020 se volvieron a pesificar y se redujeron los importes de la llamada “generación vieja”, que incluye a una serie de centrales hidráulicas y termoeléctricas ya amortizadas.
“No hay actividad que resista a esa carga impositiva y por su carácter esencial debería tener otro tratamiento”, cuestionan las empresas
De esta manera, se logró bajar el precio promedio del MW/h del sistema de 73 a 52 dólares, pero, aun así, aseguran que resulta insuficiente para que “cierren los números”. Frente a este panorama, en el gobierno estarían evaluando renegociar algunos PPA de mutuo acuerdo, ya que legalmente tienen el aval para cobrar los montos pautados por un mínimo de 10 años más.
Según comentaron a EOL fuentes allegadas al oficialismo, la idea no es afectar a las generadoras que tomaron créditos en el exterior para financiar la construcción de sus plantas -lo que podría ocasionar un default en toda la industria- sino aprovechar la sobre oferta que trajo la pandemia para sacar de despacho a las máquinas más caras como las termoeléctricas a base de gasoil y fuel oil.
El problema es que para que este camino sea sostenible a largo plazo se necesita un repunte inminente de la producción de gas o de lo contrario, cuando se normalice la demanda las usinas no tendrán acceso al fluido y deberán volver a funcionar a base de los combustibles más caros.
En tanto, otro de los componentes que está en revisión por pedido de las distribuidoras es la estructura impositiva, que aflora como el principal costo de la electricidad al representar un 46% del total. “No hay actividad que resista a esa carga impositiva y por su carácter esencial debería tener otro tratamiento”, cuestionan las empresas.
