Luego de dos años de congelamiento, los problemas acumulados en el sistema tarifario alcanzan una gravedad que condiciona toda la macroeconomía. El Fondo exigirá una resolución, pero todas las salidas tienen consecuencias negativas.
El gobierno se quedó sin tiempo de resolución. Tras dos años donde las tarifas apenas subieron un 9% en electricidad y un 6% en el gas natural con una inflación acumulada que traspasa el 100%, la economía no soporta más incrementos de subsidios.
Este año, las transferencias corrientes al sector energético terminarán en el orden de los 10.500 millones de dólares, es decir, que explican prácticamente la totalidad del déficit primario del 3% del PBI y representan un cuarto de toda la deuda con el FMI.
De mantener este esquema, en 2022 llegarían a los 15.600 millones, según un informe realizado por el Instituto Mosconi. Y si bien todos los actores políticos aseguran que este escenario no se concretará debido a la exigencia del Fondo para cerrar un acuerdo de reestructuración y gracias a la implementación de la segmentación tarifaria, su éxito está condicionado por una serie de variables económicas cuya volatilidad anticipa un panorama muy complejo.
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En primer lugar, porque los precios internacionales previstos para el 2022 superan ampliamente los registrados este año. En consecuencia, cada cargamento de GNL tendría un mayor componente de gastos del Tesoro para poder vender ese gas a un precio doméstico inferior.
Por otro lado, para que se produzca un recorte de subsidios, las tarifas deberían subir por encima de una inflación cuyo arrastre la posiciona en un piso del 50% de acuerdo a la mayoría de las consultoras económicas. Y si el objetivo es no tocar las facturas energéticas de los sectores más pobres, el aumento que tendrá que afrontar el resto de la población será mucho mayor.
Analytica, por ejemplo, sostiene que para reducir el peso de los subsidios en un 0,7% del PBI y mantener congeladas las tarifas del 50% de la población más vulnerable, habría que aplicar subas escalonadas del 100% al 220% según el poder adquisitivo de cada decil.
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Pero de ocurrir un salto cambiario, tal como está previsto, llevaría a más erogaciones públicas a partir del alto componente dolarizado de los precios del petróleo y el gas natural. En consecuencia, los aumentos de tarifas deberían superar a un porcentaje de devaluación que ya comenzó a acelerarse pasadas las elecciones producto de la apreciación acumulada del último año que golpea a la competitividad externa del país. Esto fija una vara de incrementos todavía más alta que será difícil alcanzar sin provocar conflictos sociales ni una espiral inflacionaria.
En este contexto, el Instituto Mosconi prevé un piso de subsidios energéticos de 11.300 millones de dólares para el 2022 “aún con los aumentos de tarifas implícitos en el presupuesto (72% en electricidad y 60% en gas)”. “En estos escenarios no se consideran los efectos del congelamiento en distribución. Edenor y Edesur, las mayores distribuidoras del país, enfrentan perdidas de $13.000 millones y $15.000 millones respectivamente al 3er trimestre de 2021. Esta situación es a todas luces insostenibles ya que amenaza la calidad del servicio público y la solvencia de las empresas a la vez que pone más presión sobre tarifas y/o sobre subsidios por la acumulación de deudas con CAMMESA”, aclaran.
Para el think tank presidido por el ex secretario de Energía de Alfonsín, Jorge Lapeña, la segmentación “difícilmente pueda solucionar las enormes distorsiones acumuladas” y proponen el camino de mejorar la tarifa social.
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“La geo referencia puede ayudar, pero no alcanza y la discriminación en base a ‘capacidad de pago’ o ‘nivel de gasto de las familias’ no sólo implican el acceso de información a resguardo por secreto fiscal y bancario, sino que distorsionan definitivamente la relación entre el costo y el pago por el servicio energético. El gobierno insiste en aplicar un sistema inédito que no encuadra en las buenas prácticas en la materia, que distorsiona precios y que choca con el marco normativo y regulatorio vigente lo cual constituye una barrera legal adicional”, sostienen.
Consultado por EOL durante su recorrida por el parque eólico Los Teros, el secretario Darío Martínez evitó dar una fecha precisa de implementación de la segmentación tarifaria y pidió paciencia debido a las dificultades que acarrea su ejecución.
“Hay mucha expectativa, pero hay que hacerlo bien. Si lo encaramos de una manera endeble, lo más probable es que una buena idea sea estropeada. Entonces tenemos que arrancar con los parámetros muy claros, no cometer errores, abrir las puertas para escuchar posibles reclamos y generar bases de datos mucho más amplias. En Argentina, por ejemplo, no está conformado el núcleo familiar. Es algo que no se ha hecho nunca y lleva su tiempo. También tenemos que tener los instrumentos legales para poder tener parte de la información necesaria o, por lo menos, hacer la consulta a los sectores que tienen esa información”, subrayó.
