Instan a que Diputados trate y apruebe la prórroga de la normativa en forma urgente. De no ser así, perderá vigencia en mayo.
Los productores de biocombustibles vuelven a insistir en su reclamo al Gobierno por el tratamiento y concreción, “en forma urgente”, de la prórroga de la Ley de Biocombustibles (26.093), “que ya cuenta con adhesión unánime de los Senadores Nacionales, cuerpo que nos representa federalmente”.
La figura de Alberto Fernández es la interpelada por las Cámaras y quien se encuentra en medio la disyuntiva de si girar la balanza hacia el lado de las petroleras o de las productoras de biocombustibles (bioetanol y biodiésel). Es que ambos sectores han hecho de esta posible extensión de la normativa una lisa y llana pulseada en la que si se beneficia a uno va a ser en perjuicio del otro.
“De no mediar una extensión de la ley 26.093 –dice el comunicado– no solo corren riesgo de desaparecer las 55 empresas que producen combustibles limpios y los más de 100.000 puestos de trabajo federales que genera el sector, si no que la Argentina entraría en un default ambiental que va en sentido contrario al compromiso asumido en el Acuerdo Climático de Paris, que el Sr. Presidente, Dr. Alberto Fernández, ha ratificado públicamente en estos días”.
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La normativa fue promulgada en 2006 y perdería vigencia en mayo. Los tiempos se acortan para la toma de una decisión que, esgrimen desde este sector, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, “prometió en la sesión ordinaria del 29 de diciembre el tratamiento de la prórroga de la ley de biocombustibles que, de una u otra manera, todos los bloques de Diputados han manifestado acompañar, por lo que instamos a su tratamiento y aprobación urgente”.
Las petroleras, en contraste, entienden esta especie de limbo en el que se encuentra la prórroga como una oportunidad que puede estar cerca de concretarse: la de que los biocombustibles dejen de contar con la exención del pago del Impuesto a los Combustibles Líquidos cuya actualización afrontan cada tres meses y termina encareciendo sus costos.
En un contexto de pandemia, y después de casi la totalidad de un año con una demanda de combustible en baja a nivel mundial, las provincias petroleras sostienen que este no es el momento de sostener y promocionar la producción de biocombustibles.
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Por parte de las provincias productoras de biocombustibles, la visión, claro, es otra. Entienden que el parate de la pandemia también afectó a su industria y puso en jaque a cientos de pymes, por lo que se hace más necesario que nunca el apoyo por parte del Gobierno.
Entre otros de los aspectos a los que dio lugar la Ley de Biocombustibles, las Cámaras señalan: la incorporación de “un combustible limpio a la matriz energética nacional, que reduce la huella de carbono en más de un 70 % con relación a los combustibles fósiles que sustituyen”, “la desconcentración del mercado de combustibles líquidos, incluyendo la apertura a numerosas empresas PyMES”.
Por último, remarcan entre los beneficios que la normativo permitió “la sustitución de importaciones de combustibles minerales, en atención a las restricciones en la disponibilidad de divisas y a las limitaciones que presenta el parque local refinador de petróleo”.
