El secretario se ordena al plan económico de Guzmán y saltea a los entes reguladores para agilizar el proceso. La suba entraría a regir a partir de junio y sería del 17% en luz y del 21,5% en gas.
En un nuevo paso que confirma el rumbo económico diseñado por Martín Guzmán, el Gobierno convocó a las audiencias públicas necesarias para aplicar un segundo aumento tarifario que promediaría el 20%.
Como tantas otras medidas, el proceso estaba trabado por la interna política del oficialismo, donde los entes reguladores se negaban a seguir las órdenes del ministro. Finalmente, el costo político es asumido por el secretario Darío Martínez, que salteó a los interventores para agilizar el proceso.
Tal como explicó EOL, el kirchnerismo pretendía que el propio Guzmán se haga cargo del proceso y que encabece personalmente las audiencias, cosa que no sucederá.
La convocatoria está prevista para los días 10, 11 y 12 de mayo y se espera que los nuevos cuadros empiecen a regir a partir de junio. Se trataría de un aumento del 17% para el caso de la electricidad y del 21,5% para el gas, aunque el número final dependerá de la variación exacta del coeficiente salarial.
Es que, según el criterio elegido por el Gobierno, el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) correspondiente al año anterior y del 40% para aquellos usuarios beneficiarios de la tarifa social.
Para este último segmento, la actualización no superaría el 6%, mientras que para la franja del 10% de usuarios de mayores ingresos y con plena capacidad de pago, dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético, por lo que se prevé una suba muy superior que todavía no fue precisada.
De esta manera, y a partir de la fuerte aceleración inflacionaria de los últimos meses, los aumentos tendrán un piso del 40% en todo el año, la corrección más alta desde el 2018.
“El proceso se regirá según criterios y directrices de gradualidad y proporcionalidad establecidos en la Constitución Nacional y señalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, aseguró la cartera de Martínez.
“Para el 90% de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las actualizaciones tarifarias siempre serán inferiores a sus aumentos salariales, implicando correcciones en sus facturas menores que el incremento de sus ingresos en términos reales, con el objetivo de proteger los ingresos reales y mejorar el aspecto distributivo de la política de subsidios”, agregaron.
