Los obstáculos a la hora de desarrollar nuevos proyectos de producción y un humor social que escala en disgusto alertan al Gobierno y las compañías.
Los días más que agitados que vive Colombia, a partir del cuestionamiento y el reclamo de una gran parte de la sociedad contra la reforma tributaria que buscó impulsar el gobierno de Iván Duque –ya dada de baja tras el marcado rechazo por parte de las clases medias–, repercute en distintas facetas productivas del país y entre ellas está la industria del petróleo.
Un sector que resulta vertebrador para la economía nacional y que puede verse afectado por la escalada de violencia que atraviesa muchos puntos de su territorio, pero que al mismo tiempo parece seguir siendo moneda corriente de una realidad que tiene larga data.
La presencia de las FARC en algunas regiones del país –a ya cuatro años de un Acuerdo de Paz que se vio altamente resquebrajado con el tiempo– amenazan la factibilidad de inversión en nuevos proyectos de exploración de hidrocarburos y suman obstáculos al hecho de lidiar con una demanda de combustible que no se termina de reactivarse debido a la pandemia.
En diciembre del año pasado, tuvo lugar en Puerto Gaitán (departamento de Meta), uno de los episodios de violencia que más resonancia tuvo en la industria. De acuerdo a lo informado por Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), a lo largo de tres meses fueron registradas tres tomas de áreas de producción por parte de miembros de comunidades indígenas. “Las tomas se han hecho en campos de diferentes compañías operadoras del municipio, entre octubre y diciembre”, indicaron.
Indicios de una inestabilidad para el desarrollo de la actividad que genera incertidumbre en el sector hidrocarburífero, que ahora ve con preocupación lo que pueda desencadenar el clima actual que vive el país.
El recurso hidrocarburífero de Colombia es uno de los mayores del continente y a nivel global, sin embargo, su desarrollo está lejos de encontrarse en una etapa de esplendor. La escasa evolución de sus reservas despierta cierta preocupación, más aún al tratarse de una macroeconomía que tiene una fuerte dependencia de lo que genere esta industria.
Según un informe elaborado por el Ministerio de Minas y Energía, en abril del año pasado, Colombia estima que la vida media útil de sus reservas de petróleo en 2019 apenas aumentó de 6,2 a 6,3 años. En el caso del gas, el escenario de reservas probadas es aún más preocupante ya descendió 9,8 años a 8,1 años de vida útil media.
Por el lado de la producción, en el reporte del ministerio correspondiente a la actividad en febrero último se registró que la producción de gas incrementó un 5,4% frente a lo registrado en enero pasado y en el interanual el aumento se dio en un 0,5%. Esto da cuenta de un avance en materia de producción gasífera ya que alcanza a empatar el último registro previo a la llegada de la pandemia, que es febrero del 2020.
No obstante, la producción de crudo mostró un incremento nimio de 366 barriles promedio día de enero a febrero, llegando así a un total de 745.769 bpd producidos en el segundo mes del 2021. “Con respecto a la producción de febrero de 2020 (878.389 bpd), se presentó una disminución de 15,1%”, indica el ministerio.
La necesidad de impulsar una mayor producción se topa con una reactivación de la demanda que aún no es tal y la presencia de guerrillas en sitios en los que las compañías desean hacer nuevas exploraciones. Esto pone en jaque la sostenibilidad de la industria en el mediano plazo.
A su vez, en medio de los procesos de transición energética que buscan encarar la mayoría de los países, el ministro Diego Mesa señaló días atrás que “la meta es llegar a 1.000 MW de capacidad instalada en renovables acumulados al cerrar el año”. Además, aseguró que el Gobierno tiene la intención de ampliar “los beneficios para las tecnologías geotérmicas, el hidrógeno, la eólica offshore, además de incentivos para la captura del carbono y otras tecnologías que complementan la transición”.
Según la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, el 68,3% de la generación eléctrica corre por cuenta de la energía hidráulica, fuente de un peso preponderante en el país, cuyo potencial saca una gran ventaja respecto al desarrollo de las demás tecnologías y causa una gran dependencia que genera innumerables problemas en los años de sequía cuando se hacen presentes los fenómenos del Niño o la Niña. La generación termoeléctrica es de casi el 31%, mientras que la eólica y la solar, en último lugar en cuanto a aporte, no llegan al 1% respectivamente.
En cuanto a capacidad instalada, la hidráulica llega a 11.846,2 MW, que en último mes contribuyó con 156GWh/d al sistema interconectado nacional, es decir, 13 GWh/d más que en febrero, de acuerdo a lo registrado por XM, operador de la red y coordinador del mercado mayorista. Muy por detrás, la energía eólica cuenta con una instalación de 18,4 MW y la solar 9,8MW.
