Después del rechazo de la oposición y las cámaras empresarias, emitió un decreto para ganar tiempo en el debate parlamentario y así poder contar con una normativa a largo plazo.
A sólo cuatro días de que la Ley de Biocombustibles quedara caduca, el oficialismo se vio obligado a prorrogar, por decreto, la vigencia de la actual normativa por 60 días. La salida del DNU se anunció durante la recorrida de Darío Martínez, secretario de Energía de la Nación, por la provincia de Tucumán, gobernada por Juan Manzur, a la que definió como “un ejemplo en política energética”.
Días atrás, EOL contó que, ante una oposición abroquelada en pos de que la iniciativa oficialista no lograse trascender, el Gobierno se encontró con un obstáculo al que incluso modificaciones mediante –que suponían un guiño para el biodiésel de Córdoba– que no logró sortear.
Sin otra alternativa más que la de posponer cualquier tipo de decisión, la Rosada optó finalmente por prorrogar por tres meses la vigencia de la normativa actual, ley que en primera instancia buscaban renovar las provincias productoras desde mediados del año pasado.
El interrogante que emerge ahora es si sesenta días será un plazo suficiente para que el oficialismo logre obtener el visto bueno del Congreso, de modo que el proyecto encabezado por Máximo Kirchner llegue a buen puerto. Asímismo, durante el último debate en comisión parlamentaria, muchos anticiparon que una prórroga corta podría dar lugar a demandas judiciales, ya que, según la normativa, el presidente está facultado para prorrogar la ley por cuatro años y no por un período distinto.
En Tucumán, Martínez dijo que están “trabajando en un decreto de prórroga mientras se discute el nuevo régimen. Hay que ser respetuoso del poder legislativo, pero entendemos que habrá una nueva ley que contempla el corte de bioetanol de caña de azúcar en su totalidad y protege las pymes”.
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Al margen de si se trata de bioetanol o biodiésel –este último, de cualquier modo, sí sería uno de los elementos más perjudicados por la iniciativa oficialista ya que su corte en naftas se reduciría a 5%– la mirada de la oposición remarca que, en esencia, el nuevo proyecto significaría un golpe fatal para la sostenibilidad del sector.
A su vez, de cara al futuro de esta industria en nuestro país, las productoras remarcan el desincentivo que caería sobre el sector si no pueden ingresar nuevos actores a la producción, ya que, según indica el texto de la ley del oficialismo, las únicas plantas que podrán producir biocombustible son las que fueron registradas a la fecha del 31 de diciembre del 2020.
Cómo no interpretarlo como la puesta de un techo al posible desarrollo futuro de la industria, sostienen las productoras. Sector productivo que se sabe el jugador más vulnerable de una contienda ya no tan tácita con las petroleras, que no quieren perder terreno y no ven con buenos ojos cualquier avance que puedan hacer los biocombustibles.
Tras recorrer los ingenios en los que se trabaja la caña de azúcar, Martínez agradeció la invitación del gobernador “a estos lugares donde se genera energía y trabajo. Esta es la sinergia que necesita Argentina. Merecemos tener en cada rincón más desarrollo, para eso necesitamos energía”.
Ahora, el panorama en torno a los biocombustibles no perdió ni un ápice de incertidumbre, ya sea para el Gobierno o para las provincias productoras que al día de hoy se oponen a aprobar el nuevo proyecto. Al no haber encontrado consensos, el Gobierno no vio otra alternativa que dilatar la toma de una decisión, pero eso no parece hacer mella en su afán de que la ley vigente se renueve y dé paso a otra.
