La cifra representa el 2,4% del PBI, un 50% más de lo que proyecta el presupuesto. El congelamiento tarifario extendido en el tiempo, la principal causa, según el instituto.
El Instituto Mosconi habla de una “segunda ola”, pero no precisamente de contagio. De acuerdo a un informe del instituto que preside Jorge Lapeña, el año terminaría con una cuenta de subsidios a la energía cercana a los USD 10.000 millones. Escenario al que le encuentra parentesco con la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, en la que estos subsidios pasaron de 6.600 millones de dólares anualizados a 16.857 millones en cuatro años.
El diagnóstico del Mosconi estriba esencialmente en que este marco es síntoma de un congelamiento tarifario de dos años, con una inflación sostenida que encarece los costos de producción. El “affaire Guzmán-Basualdo” no es más que la expresión de un desbarajuste interno en torno al tratamiento de la política tarifas, de subsidios y precios que el Gobierno acarrea desde el inicio de su gestión, entienden desde el instituto.
La cifra estimada llama la atención por sí sola, pero aún más cuando se la contrasta con los próximos pagos que la Argentina tendrá que afrontar con el FMI –y que seguramente pospondrá– en 2022 y 2023. A partir de lo acordado con la toma de deuda durante la gestión de Macri, los pagos que debería hacer son de 20.000 millones de dólares cada año.
Esto significa que, de acuerdo a lo que indican Alejandro Einstoss y Julián Rojo en este informe del Mosconi, este año el subsidio a la energía representará la mitad del pago que Argentina debería hacer al FMI en 2022.
Si el aumento de un 9% en la tarifa eléctrica mueve la aguja en cuanto a la cuenta de subsidios, lisa y llanamente, el Mosconi responde que “no”. La actualización tarifaria en la electricidad, así como la prevista para el gas, sostiene, “no reduce subsidios, ya que solo recomponen márgenes de las empresas de servicios cuyas tarifas estaban congeladas hace 24 meses. Aún con estos aumentos el atraso tarifario para transporte y distribución de gas y electricidad es superior al 80%”.
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Para que la actualización tarifaria surtiera efecto en la política de subsidios, debería darse un incremento en el precio de la energía del 40%, lo que “tendría un impacto en factura final en el orden del 20%”.
Rojo y Einstoss dicen que “los costos de generación en los últimos 24 meses crecieron 80%, mientras que el precio que paga la demanda solo lo hizo el 5%. De esta forma la cobertura de subsidios pasó del el 32% en abril 2019, a superar el 60% en abril 2021”.
Según ellos, el inconveniente surge al proyectarse una posible evolución de los subsidios a partir de los costos de generación y demanda que estima CAMMESA en su reciente programación estacional, y al no considerarse más aumentos de tarifas para lo que resta del año.
De este modo, su estimación es que “para finales de este año, los subsidios cubrirán el 70% del costo de generar energía lo que demandará partidas presupuestarias adicionales no previstas en el presupuesto del orden de los $140.000 millones”. En consecuencia, el porcentaje de subsidios energéticos sobre el PBI superaría ampliamente el tope del 1,7% que había fijado Martín Guzmán para llegar hasta el 2,4%, un 50% más.
Por el lado de la tarifa de gas, entienden que el panorama es similar y que “los aumentos que se anuncian entorno al 7% para residenciales y 4% para la industria corresponden a recomposición de márgenes de distribuidores y transportistas”. Es decir, que no significarán un impacto considerable en lo que concierne a los subsidios.
