Representantes de las principales organizaciones del campo argentino conversaron con EOL y respondieron a las alarmantes cifras que su sector tiene en cuanto a impacto ambiental. ¿Qué acciones están implementando?
Para el sector agropecuario argentino, los datos oficiales no reflejan el verdadero rol que el campo tiene en relación con el medio ambiente. “Nosotros nos consideramos parte de la solución y no parte del problema”. A diferencia de los veredictos de impacto ambiental de organismos como Climate Tracker o el propio IPCC, algunos de los representantes del campo dicen que han generado más acciones para la reducción de emisiones y la mejora ambiental de las que se reconocen. “Hemos implementado rotación de cultivos, siembra directa, y tratamos de reducir el consumo de químicos que abonen a la degradación del suelo. Sin embargo, no lo estamos comunicando bien”, comentó en diálogo con EOL, Andrés Costamagna miembro de la mesa directiva y coordinador de sostenibilidad y agricultura familiar de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Según Statista, la Argentina tiene alrededor de 28,57 millones de hectáreas de bosque cultivado y nativo; 6,63 millones (equivalente a media provincia de Santa Fe) menos que en 1990. Principalmente se perdieron por la expansión urbana, industrial y la producción agropecuaria. “Hay una pérdida forestal porque hay que alimentar a más personas. No podemos hacerlo en la misma cantidad de territorio”, argumentó el director de la SRA. Y agregó que este sector ha hecho esfuerzos en modificar “errores del pasado” y están implementando nuevas técnicas.
Aun así, los datos oficiales hablan de que el campo, en su totalidad, suelta a la atmósfera un 37% de las emisiones anuales del país. “El cálculo de emisiones no considera que por cada hectárea cultivada hay una hectárea conservada, una y media de bosque, y seis de pastizal. Hay neutralidad entre lo emitido por la industria y lo captado”, respondió Costamagna ante las cifras oficiales.
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Por su parte, miembros de la Federación Agraria Argentina (FAA) aceptaron que los datos pueden ser verosímiles, aunque consideraron que reflejan solo a una parte del sector. “Nosotros representamos a pequeños y medianos productores y consideramos que el impacto que generamos es mucho menor al modelo agroexportador”, opinó en diálogo con EOL, Andrea Sarnari, abogada de la FAA. “Los datos generados por la FAO o incluso el mismo Mercosur consideran a ese modelo como el único, por lo que las políticas regulatorias nos afectan en mayor medida”, agregó.
Por ahora parece que el campo se mueve en una zona gris. No reconoce completamente los datos oficiales, pero tampoco tiene una referencia para comparar. Por lo mismo, Costamagna informó que la SRA, en conjunto con otras organizaciones agrarias y ambientales están colaborando con el INTA para modificar la toma de datos. Además, se hizo un monitoreo de la trazabilidad de la soja y la deforestación ilegal (relacionada a esta). “Tenemos una agenda de trabajo con las principales organizaciones agrarias y de la conservación, que son 17 organismos”, aseguró el director.
Por lo pronto, la colaboración de la organización agroganadera no ha tenido efecto, puesto que en el último inventario nacional de gases de efecto invernadero, la cifra oficial se mantiene. Por otro lado, el sistema de monitoreo de la soja es un mapa interactivo diseñado por las organizaciones, Natural Conservacy y Proyungas, y financiadas principalmente por empresas relacionadas con el agronegocio.
Este mapa cubre una porción del noroeste del país; solo cinco de las 14 zonas sojeras excluyendo parte de Córdoba, toda Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Además, se observa que gran parte del polígono tiene valores medios y altos para la conservación. Sin embargo, alrededor, y en algunas partes sobre estas zonas, hay cultivos de soja o se muestran en el mapa como negocios potenciales. Aunque parece incipiente, la herramienta promete gran utilidad para inversores y conservacionistas, aunque falta tiempo y trabajo para que esta sustituya los datos oficiales; aún no queda clara la diferencia real entre esta base y el inventario de gases del Centro de Información Ambiental del gobierno Nacional.
El porvenir de la soja
Uno de los cultivos más polémicos en cuanto al impacto ambiental es el de la soja. Especialmente por dos razones: la agresiva expansión que ha tenido y el paquete tecnológico que trae consigo.
En la Pampa Húmeda, muchas personas han modificado su producción tradicional para cultivar soja, especialmente desde hace una década y media. “En 10 años, se modificaron 2,2 millones de hectáreas de bosque, de los cuales la mayoría se convirtió en soja y 66 mil son ilegales”, contó Costamagna.
Eso desplazó la frontera ganadera para las zonas periféricas del país. “Toda esa ganadería se fue a vivir sobre todo a lo que es el centro norte del país y allí se produjeron muchos desmontes”, reconoció Sarnari. “Sin embargo, no voy a demonizar la soja. Este grano se convirtió en parte vital de la vida del campo. Los productores pequeños y medianos consideran a la soja como un sustento imprescindible y están dispuestos a mejorar sus prácticas para reducir el impacto”, agregó.
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Según el director de la SRA, desde los 90 hasta ahora se han modificado sustancialmente las prácticas que ha conllevado la industria sojera. “El sector tomó nota de que no estaba haciendo tan bien las cosas y cambió el sistema de la labranza convencional a una labranza de menor impacto sobre el suelo para ir revirtiendo”, comentó.
La mayor parte de los cultivos dedicados a la exportación utilizan un método llamado “siembra directa”, lo que se traduce en no remover el rastrojo de la zona de cultivo. De esta manera se evita quemar todo el forraje, y se usa como capa protectora para la semilla y para el suelo. “El 89 o 90% de la agricultura argentina se hace bajo el sistema de siembra directa que es una labranza conservacionista”, explicó Costamagna. Este método se implementó rápidamente en la Argentina, lo que redujo la potencialidad de emisiones en la producción.
Sin embargo, el cultivo de la soja lleva consigo el uso de varios químicos que han desembocado en una degradación del 36% del suelo agrícola. Especialmente el glifosato, es un componente muy utilizado. “Es parte del paquete tecnológico que viene con el tipo de soja que se produce en la Argentina que es la soja RR o resistente al glifosato. Eso quiere decir que la aplicación es masiva sobre la siembra directa”, explicó Sarnari. “El uso de glifosato es un tema que por parte de la Federación Agraria sigue sin debatirse”, agregó.
Para reducir el metano, tres árboles por cabeza
Una de las propuestas más reiteradas por la SRA es la de la siembra de tres árboles por cabeza de ganado. “Esto implicaría que el crecimiento de los tres árboles compensa [las emisiones de] toda la vida de ese animal. O sea que ese animal nace carbono cero, o nace carbono positivo si tiene una vida más corta de ocho años”, calculó Costamagna.
Una de las principales aportaciones de GEIs a la atmósfera es consecuencia del ganado y la producción de metano y óxido nitroso. Según un estudio del INTA, cada cabeza bovina genera 1.500 kg de CO2 equivalente por año, de los cuales el 76% son metano y el 24% óxido nitroso. Estos gases tienen mayor capacidad calorífica que el CO2. En otras palabras, el metano absorbe 25 veces más calor y el óxido nitroso 298 veces más. Esta situación hace que exista una necesidad de plantear urgentes estrategias para mitigar las emisiones.
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El plan de siembra de árboles comenzó hace dos años y el número hasta ahora es de 270.000 que corresponden a 40.000 nuevas vacas por año. Hoy en día hay alrededor de 69 millones de cabezas de ganado (entre vacas, cerdos, ovejas, y demás) por lo que se ha cubierto menos del 10% del objetivo. Aun así, se espera que cada año aumente la población de árboles.
Para asegurarse de que la propuesta se haga, Costamagna asegura que harán un monitoreo de los árboles para conocer su estado de salud y geolocalización. No obstante, esta información será pública a partir del 2023, por lo que todavía no hay forma de corroborar la efectividad del plan de mitigación.
Para ambos representantes, la disputa está entre la sustentabilidad y la rentabilidad. En el caso de los pequeños y medianos productores, el modificar prácticas genera un riesgo que puede desembocar en el abandono de las tierras. “Si no es rentable, los agricultores caen por debajo de la línea de la pobreza y terminan desapareciendo. La rentabilidad durante muchos años estuvo dada por el cultivo de la soja porque implica bajos costos a los niveles altos de comercialización”, explicó Sarnari.
Por su parte el representante de la SRA discute la falta de incentivo para la conservación. “Si yo me debo quedar con el bosque nativo, si lo quiero rejuvenecer, si quiero regenerar o conservar suelos necesito una contraprestación por eso”, comentó Costamagna. “Yo no tengo problema en ponerme a trabajar en ese sentido. Voy a provocar la captura y remoción del carbono del aire, pero necesito reglas claras y necesito una remuneración por esto”, agregó.
