Se trata del argumento principal que esgrimen en el oficialismo para bajar los cortes en las naftas, pero los empresarios del sector lo refutan.
Las diferencias dentro del oficialismo en torno al tema tarifas terminaron sacando a relucir trapos sucios, desprolijidades y asperezas troncales propias de cosmovisiones distintas sobre la política de subsidios a la energía. Una idea similar opera en torno a la discusión sobre la injerencia que tiene el precio de los biocombustibles en el precio final de la nafta, en un contexto de inflación creciente al que el Gobierno no le encuentra una salida.
Números que parecen pequeños que, en realidad, esconden detrás algo mucho mayor. Diferencias mucho mayores que lo que pueden dar a entender un dígito o decimales. Es por eso que la rúbrica de una normativa que legisle la producción y comercialización de los biocombustibles se transformó en un conflicto cada vez más elocuente al momento de observar cuáles son los intereses que defienden las partes –petroleras y productoras de biocombustibles– que, evidentemente, no pretenden el mismo futuro energético para el país.
En la comisión de Energía de la Cámara de Diputados de que dio dictamen al proyecto de ley oficialista de Biocombustibles, se vio que la directriz discursiva según la cual el Gobierno busca reformular el mapa vigente pasa por cómo el aumento de precios de estos termina engrosando el precio final de la nafta. ¿Pero hasta qué punto es así?
A sabiendas de la influencia de los costos de logística en el índice de precios al consumidor, el Gobierno analiza en forma pormenorizada los componentes que hacen al valor que la gente encuentra al momento de cargar nafta. Y desde esa percepción es que Darío Martínez, secretario de Energía dijo: “Con cada incremento de 10% de aceite de soja, hay una suba del 1% el surtidor de gasoil. Y en el caso de la tonelada de maíz, cada 10%, un 0.6% va al precio de la nafta”.
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El escenario de la contienda muestra cómo se pasan de un lado a otro la responsabilidad por los incrementos en el precio de la nafta, mientras el Gobierno intenta arbitrar una pugna entre provincias que hoy resuena más que nunca ante el posible vacío en el que puede caer la legislación actual. De no llegar a un consenso en los próximos 40 días, la ley quedará caduca. El testimonio de Martínez muestra dónde entiende el Gobierno se ubica la hegemonía, cuál es el sector a atender al momento de tomar decisiones que puedan no gustar como parte del tire y afloje.
“Tenés que ver cuánto incide en el precio del surtidor sobre el índice de precios al consumidor del INDEC. Y la regla es, en promedio entre biodiesel y bioetanol, que toda vez que se duplique el precio, o sea no un 10% sino un 100%, impacta en el IPC un 0,8%. Es decir, es insignificante la incidencia de los biocombustibles en el índice de precios al consumidor”, explica a este medio una fuente allegada a las cámaras empresarias de biocombustibles.
En referencia a lo ejemplificado por Martínez, agregó que él hizo una regla general de corte con relación al precio en surtidor, cuando ese esquema afecta al ingreso en refinería y no al precio final, aclara. “Si el biodiesel se corta al 10%, una suba del 10% de su precio, con esa regla, influye un 1% en la entrada de refinería, no en el surtidor. Lo que se come Martínez es el efecto de las desgravaciones. Lo mismo ocurre con el bioetanol de maíz”.
El litro de nafta Súper pasó de cotizar $53,47, en julio de 2020, a $80,50, en marzo de 2021. De acuerdo a lo que indica un referente de una provincia productora, el 79% de este incremento se debe al componente nafta virgen, el 12% a tasas y apenas un 8% al bioetanol.
Los cuestionamientos al nuevo proyecto de ley
La mirada del Gobierno atiende estrictamente a la coyuntura, analiza un allegado al gobierno de una de las provincias productoras de biocombustibles. La imperiosa necesidad de mermar la suba inflacionaria es la que dictaminará cada movimiento de la Rosada. Hoy, enfrenta una inflación acumulada de 16,5% en el primer cuatrimestre del año.
Respecto al vínculo entre los costos y lo que señala el surtidor, dice que “en este momento, la soja está en un valor excepcionalmente alto, lo mismo que el maíz. Pero, de cualquier manera, tenés la posibilidad de subir y bajar el corte en función del precio relativo de cada uno de manera que no influya sobre el precio final del surtidor. Podés poner un corte lo suficientemente alto y bajarlo en la medida que el costo implique un incremento del precio de la nafta, o sea que no es un problema, no es un argumento. Eso puede estar perfectamente contemplado en la ley; de hecho, lo está”.
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El principal problema pasa por la importación de gasoil que se da en paralelo y que también termina afectando a la producción de biodiesel y bioetanol, entiende él. “En este momento –señala–, hay poca agua en los diques generadores de energía hidráulica. Existe un déficit de energía que se está supliendo con centrales térmica a gasoil o fueloil. Este costo es relevante en relación al nivel de subsidios que hoy tiene el valor de la energía eléctrica. De manera que los importadores de gasoil están chochos. Y todo lo que nosotros reemplazáramos de gasoil en las naftas, sería gasoil que no se importa”.
Para aclarar posibles dudas en cuanto a lo que arroja este escenario de importación de gasoil para la industria de biocombustibles, concluye: “la baja del contenido de biodiesel en el gasoil es equivalente a apoyar un mayor consumo de cigarrillos”.
Una baja en el corte del 10% al 5% en el corte del biodiésel en la nafta es uno de los puntos que más cuestionamiento despierta por parte de las provincias que se valen de la soja y el maíz para producir biocombustible. Consideran que no se trata de una política de promoción del sector, que otorga atribuciones discrecionales a la Secretaría de Energía y que se desincentiva en forma nítida la producción de este tipo de combustible al sellar el ingreso de nuevos actores a la industria.
El argumento esgrimido por el Gobierno sobre la incidencia de los biocombustibles en el precio del combustible llama la atención cuando uno recapitula y observa el incremento autorizado por la Secretaría de Energía hecho en enero pasado –escalonado durante los primeros cinco meses del año– con el que avaló un aumento de más del 90% en el bioetanol y del 56% en el caso del biodiesel.
Al mismo tiempo, algunos referentes del sector subrayan que la norma vigente fue impulsada años atrás por el mismo oficialismo, en aquel entonces con Néstor Kirchner a la cabeza. Quince años después, los gobernadores de las provincias hidrocarburíferas se amparan en el concepto de que el contexto actual es otro, con el respaldo de los legisladores del Frente de Todos, y algunos escaños opositores, en representación de dichas provincias.
Tanto las petroleras como los productores de biocombustibles sostienen que sigue existiendo un atraso en los precios, que siempre van detrás de costos de producción que no paran de incrementar. Las elecciones legislativas hicieron que, en mayo, frenase el ajuste en el surtidor por lo que resta del año. Lo hizo después de lo que fue una suba mensual casi sistemática desde septiembre del año pasado. Naturalmente, ante la pregunta de si el ajuste en el crudo o el ajuste en los biocombustibles es el que mayor injerencia tuvo en los incrementos, la respuesta cambia según a quién se le pregunte.
